Por unanimidad, un gesto extraño en la política colombiana, el Congreso de la República aprobó la ley que prohíbe el uso de las “marcas de gobierno”. Es decir, a partir del año entrante cada alcalde, gobernador y presidente no podrá llegar a su cargo para cambiar toda la imagen de las comunicaciones oficiales, de tal manera que se imponga su sello sobre todo lo que se realice. Es una medida con doble importancia: una financiera, pues son billones de pesos los que se ahorrará el Estado colombiano, y otra simbólica, pues es una manera de explicar que quienes ocupan los cargos de poder representan a la ciudad como proyecto comunitario.
Bogotá ya lo hizo. Desde 2019 el Concejo distrital eliminó las marcas de gobierno. Esto interrumpió la práctica política de cambiar toda la indumentaria asociada a la Alcaldía cada vez que llegaba un nuevo residente al Palacio Liévano. Es así como en 16 años tuvimos “Bogotá, mejor para todos”, “Bogotá humana”, “Bogotá positiva” y “Bogotá sin indiferencia”, lo que implicó cientos de miles de millones en gasto público solo para realizar esa actualización. ¿De qué servía? Para generar identidad por la ciudad no, pues todos sabían que cambiaba cada cuatro años. Era, claro, para que cada obra y cada intervención pública llevaran el apellido del burgomaestre. Tampoco era casualidad que los colores de la marca de la ciudad solían coincidir con el de la campaña del alcalde de turno. Un poco disimulado culto al ego.
Lo mismo ocurre en el resto del país y también a nivel nacional. Hay regadas por las carreteras de Colombia carteleras con los logos de gobiernos pasados como si estuviesen reclamando autoría. En democracia genera un problema: asocia los logros del país, los departamentos y las ciudades a los apellidos de los mandatarios. Ya de por sí es complicado convencer a los funcionarios de que su responsabilidad es con la ciudadanía y no con sus proyectos políticos individuales.
Según los cálculos del proyecto de ley, la prohibición de las marcas les ahorrará a los colombianos cerca de $2,4 billones en publicidad. También se prohíbe la promoción de cuentas de redes sociales personales de los funcionarios, lo que es otro gran acierto. Sobre el período de transición, en entrevista con Blu Radio, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde que fue ponente del proyecto en su última votación del Senado, explicó que “el Gobierno Nacional que está en curso lo que debe hacer, según la ley, es agotar existencias, digámoslo así, si ya mandaron a imprimir 100.000 cartillas, por supuesto que hay que usarlas, pero no se deben reimprimir nuevas, agotar existencias, lo que ya se invirtió, se usa”.
Por lo demás, cada alcaldía y gobernación deberán proponer marcas de ciudad que se construyan a partir de la historia de cada territorio y se utilicen los símbolos que ya existen. No puede hacer alusión a los colores de la campaña de quien ganó la última campaña ni debería incluir frases cortoplacistas. Es un ejercicio que debe incluir el consenso de toda la ciudadanía para que todos entiendan que los apellidos cambian, pero las entidades territoriales permanecen.
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