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Los anuncios del fiscal Francisco Barbosa sobre el caso del general (r) Mario Montoya intervienen en dos debates paralelos. La pregunta sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria en contraste con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revive en lo que, esperamos, no sea un nuevo e innecesario choque de trenes. Lo importante, no obstante, está en el mensaje que se les envía a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país: por fin estamos viendo avances en los casos que involucran a los más altos cargos.
A Montoya lo llevan investigando varios años por hechos ocurridos entre 2007 y 2008. Básicamente, donde por lo menos 104 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército. Ahora, la Fiscalía dice que lo imputará como determinador de esos hechos; es decir que presionó para que se cometieran, dada su obsesión con las bajas en combate. En entrevista con la revista Semana, el fiscal dijo que “en las diligencias de muchos de esos crímenes aparecían personas vestidas donde ni siquiera los impactos de bala cruzaban la ropa. Encontramos víctimas en esos expedientes que tenían dos zapatos derechos o dos izquierdos en los pies”.
El horror de las ejecuciones extrajudiciales sigue siendo una herida abierta en Colombia. Esta decisión de imputación por parte de la Fiscalía viene después de que un grupo de familiares de las víctimas le pidieran al ente investigador que avanzara después de años de inacción. Que el anuncio sea tan contundente y se hable de determinador es un golpe no solo jurídico sino también político contra un personaje como Montoya, que ha sido defendido por sectores del oficialismo que se oponen a la verdad en estos hechos. El general retirado fue comandante del Ejército bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Desde el principio, Montoya ha negado su responsabilidad. Es infame su declaración ante la JEP, donde culpó de las ejecuciones extrajudiciales a soldados sin educación: “Los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos”. Ahora, su defensa dice que no puede ser procesado al mismo tiempo en dos jurisdicciones y que elevará un recurso para dirimir la competencia entre la Fiscalía y la JEP. Por su parte, el ente investigador sustenta su capacidad de llevar a cabo la imputación en la Circular 005 de 2021 y por el hecho de que la justicia transicional no ha emitido aún decisión sobre el general.
Ese debate de competencia, que sin duda es importante, no debería ser motivo para entorpecer el caso. La Corte Constitucional puede dirimir el asunto o incluso la misma JEP con un comunicado. Lo más importante de esta noticia es que hay una decisión clara y contundente por parte del Estado colombiano contra quien fue el comandante del Ejército. Después de esto, ¿cómo es posible seguir ocultando la gravedad de los hechos? ¿Cómo oponerse a la urgencia de construir una verdad histórica? ¿De qué manera negarle al país y a las víctimas que lo que ocurrió en el Ejército fue algo sistemático que involucró a sus cabezas? Para superar el horror, tenemos que abandonar el discurso simplista de las manzanas podridas. No será la última decisión ni debería serlo. Colombia tiene que conocer lo que pasó con las ejecuciones extrajudiciales.
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