Es fácil estar de acuerdo con lo que el presidente Gustavo Petro dijo a propósito del derecho al asilo. Lo que es mucho más difícil de entender es cómo su loable defensa de ese derecho humano se debería aplicar a una persona como Ricardo Martinelli, el condenado expresidente de Panamá que se burló de su país y de su justicia, y que además tiene varios procesos adicionales en su contra apuntando siempre a lo mismo: desvío de recursos y corrupción. Nuestro país debe ser refugio, pero no lo puede ser de criminales que se aprovechan de nuestra buena voluntad para saltarse la justicia de sus países.
La llegada de Martinelli a Colombia el pasado 10 de mayo fue una sorpresa. “Aquí en Bogotá con asilo político por ser un perseguido político”, escribió en una publicación que hizo en Instagram. En ella agradeció al presidente Petro y también al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien lo hospedó en la embajada de su país en Panamá durante 16 meses. ¿Perseguido político? Es importante mirar los hechos.
Durante su presidencia, varias investigaciones mediáticas levantaron sospechas sobre la manera en que el empresario utilizó su cargo público. Finalmente, en 2023 hubo una condena en su contra a 10 años de cárcel y US$19 millones de multa. Esto porque se logró probar cómo hubo un esquema de corrupción en el que empresas que ganaron licitaciones con el Estado enviaron US$43 millones a una empresa fachada, usada por Martinelli. Para lavar ese dinero, luego compró una editorial. Tanto en Panamá como en Colombia, ese es un claro acto de corrupción. Contra Martinelli, además, hay dudas por su manejo de los contratos a Odebrecht e investigaciones en contra por interceptaciones ilegales a periodistas.
¿Por qué Colombia le concedió el derecho de asilo? El presidente Petro señaló que “Colombia ha sido tierra de asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha o de izquierda, o que sean poetas, políticos o que sean perseguidos. Le dimos asilo político e incluso doble nacionalidad a perseguidos de Ortega en Nicaragua, que hicieron la revolución contra Somoza. Se le ha dado a la oposición venezolana que ha venido”. Como lo mencionamos, es difícil estar en contra de lo planteado por el presidente. En efecto, el derecho al asilo es una herramienta fundamental de humanidad que tienen los Estados, en particular las democracias, para proteger a quienes sean perseguidos en otros países. No deberíamos permitir que se debilite su ejercicio.
Por eso mismo es que es extraño el caso de Martinelli. ¿Acaso es equiparable la persecución de Ortega o de Maduro a sus opositores con un caso de clara corrupción que surtió todos los procesos legales en una democracia estable? ¿Por qué Colombia y el presidente Petro, en particular, creen que Martinelli es un perseguido? ¿Por quién? Porque, si no lo es, lo que estamos haciendo es albergando a una persona que cometió delitos y no quiere pagar frente a la justicia.
Martinelli tuvo el respaldo del ahora presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien ayudó a elegir gracias a que sigue siendo muy popular. Eso sin duda influyó en los trámites que lo trajeron a Colombia. Como escribió Transparencia Internacional: “El nuevo capítulo del penoso caso del expresidente Ricardo Martinelli constituye una clara violación a los tratados internacionales en materia de asilo, al sistema de administración de justicia, a la separación de poderes que sostiene el sistema democrático y al Estado de derecho en su conjunto”. Eso es lo que ayudó a refugiar el Gobierno colombiano.
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