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Es innecesaria y equivocada la protesta de los presidentes del Congreso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Peor aún, envía un mensaje a la comunidad internacional de que Colombia va a modificar su compromiso histórico con todos los acuerdos obtenidos en organizaciones supranacionales y empezar a comportarse como aquellos Estados poco democráticos que deslegitiman los tribunales internacionales. Todo, porque la procuradora, Margarita Cabello, y el presidente, Iván Duque, no quisieron enfrentar el debate complejo sobre cómo adaptar la normativa colombiana a la Convención Americana.
No tenía que ser tan complicado. La sentencia de la Corte IDH fue anticipada y predecible. Cuando Gustavo Petro presentó un recurso por su destitución como alcalde de Bogotá mediante vía disciplinaria y no penal, el alto tribunal entró a estudiar el caso y encontró que la Convención Americana era clara. La decisión, entonces, dijo lo que se esperaba: que una entidad como la Procuraduría no puede limitar derechos políticos sin que medie una condena penal. Eso, lo dijimos en su momento, implicaba que en Colombia tuviéramos que hacer una reestructuración de las funciones del Ministerio Público. Lo dicho: la situación no podía ser más clara.
Pero en Colombia se ha insistido en una interpretación extraña de la sentencia de la Corte IDH. La procuradora Cabello, con apoyo del Gobierno nacional, impulsó una reforma que aumenta la burocracia del Ministerio Público y mantiene su capacidad sancionatoria. Es decir, cambios cosméticos que no cumplían la sentencia. Lo propio dijo la Corte IDH, el pasado 25 de noviembre, en un comunicado sobre el seguimiento a la sentencia: “La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Para sumarle a la seguidilla de agravios contra la Convención Americana, los presidentes de la Cámara (Jennifer Arias) y el Senado (Juan Diego Gómez) decidieron intervenir. Enviaron una carta diciendo que “el pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, y pidiéndole al tribunal que no se pronuncie antes de que la Corte Constitucional falle sobre el tema. El argumento de los congresistas no tiene ninguna lógica normativa y se lee, más bien, como una bravuconada innecesaria contra el sistema interamericano.
Claro que el Estado colombiano tiene poder soberano. Usando ese poder se firmó la Convención Americana y se hizo la promesa de cumplir lo allí pactado. También se reconoció la competencia de la Corte IDH de fallar sobre asuntos relativos a esa Convención. Colombia no cumplió lo prometido y, por ende, está violando sus compromisos normativos y necesita hacer una reforma que cumpla con lo solicitado por la Corte IDH. ¿Por qué ahora la resistencia? ¿Por qué los ataques a la legitimidad del tribunal? Todo sería más sencillo si, desde el principio, la sentencia se hubiese tomado en serio, pero seguimos en una discusión circular.
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