Más allá de la regla

Hay quienes afirman que la regla es una hecatombe, aseguran que semejante política haría enloquecer la economía. Otros admiten, como el futuro ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que la regla es recomendable, pero que lastimosamente no cuenta con la voluntad política para su aprobación. También se lee, con énfasis contrario, que la regla fiscal es tan buena promesa sólo porque se sabe que no tendrá que cumplir. Y, por supuesto, también hay quienes recuerdan que más allá de las vacas gordas o las flacas, por ahora simplemente no hay plata.

La regla de la controversia es un instrumento de política fiscal que pretende regular el gasto del gobierno central y reducir la deuda pública. En principio, un menor nivel de endeudamiento le permitiría al país ganar credibilidad en los mercados y seguirse financiando con créditos más baratos, pues el índice de riesgo disminuiría, cayendo con éste la penalización en la tasa de interés. Además, se generaría la posibilidad de ahorrar en los buenos momentos para gastar durante los difíciles. Y cabría eventualmente la posibilidad de generar un fondo de ahorro para aliviar algún incidente, como hizo Chile con el terremoto.

Todo esto sin contar la estabilidad macroeconómica que generarían políticas de endeudamiento controlado y una acción coordinada con la política monetaria. La coherencia intertemporal de decisiones que posibilitaría la regla, ofrecería un mejor ambiente de inversión y permitiría un mayor crecimiento en el largo plazo, el cual ciertamente será necesario si el país pretende superar sus preocupantes índices de pobreza. De hecho, teniendo en mente lo anterior, el documento del Comité Técnico Interinstitucional viene acompañado con la recomendación de incluir la estabilidad macroeconómica como uno de los derechos fundamentales de todo colombiano.

Este último punto puede reflejar una voluntad legislativa fundamentada, o bien un lamento disipado de algunos expertos ante la inflexibilidad del gasto. En cualquiera de los dos casos, hay algo importante que la última recomendación enfatiza: no podemos seguir gastando más de lo que ganamos. No sólo porque se altera la estabilidad del país, sino porque se le ata las manos al Gobierno para realizar procesos de ajuste fiscal y orientar los recursos en función de las prioridades del gasto. Según el Ministerio de Hacienda, para 2010 el 86% del presupuesto está ya comprometido.

También hay que aumentar los ingresos. Por este lado mucho se ha hablado de la muy anunciada bonanza minero-energética. Y, en efecto, ésta será un alivio para las finanzas públicas. Aumentar el recaudo anual en un 1% ayudará a financiar el gasto. Lamentablemente, ni será suficiente ni la bonanza durará para siempre. Una reforma tributaria que optimice el recaudo sigue siendo necesaria. Tantas exenciones sólo eximen a unos del pago y permiten que otros evadan en el desorden.

De esta manera, más allá de que la regla sea o no el instrumento ideal para la actual coyuntura, su objetivo debe alcanzarse por ese o algún otro camino. Es claro que se requiere más regulación en el gasto, en especial en rubros como las vigencias futuras, que han pasado del 2% del Presupuesto General de la Nación en 2000 a 9,3% en 2010. También es claro que hay que aumentar los ingresos y que la reforma tributaria no da espera. Y, por último, que si bien no se exige un derecho fundamental, sí se espera que la estabilidad macroeconómica sea una prioridad del nuevo gobierno.