Muchos opinarán que esta es una afirmación incorrecta, puesto que el Presidente dirigió personalmente la brigada que evitó que el asunto pasara a mayores, lo que sería una prueba irrefutable del celo de la Casa de Nariño por nuestro patrimonio natural. Pero la celeridad del momento se contradice con el puesto menor que el tema ambiental ocupa en las preocupaciones del gobierno del presidente Uribe.
Ya es mucho lo que se ha dicho sobre el declive registrado por el Ministerio del Ambiente como resultado de la incorporación de las funciones de vivienda, agua potable y saneamiento básico, una medida cuyos negativos resultados han sido puestos en evidencia tanto por numerosos expertos y ambientalistas, como por juiciosos estudios. Quizá el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano —a quien debemos reconocer logros mayores que los de sus dos antecesoras, entre los cuales se cuenta su compromiso con los parques nacionales—, sea hoy de los pocos que están convencidos de las virtudes de aquella reforma. A partir de su innegable capacidad oratoria, el Ministro ha llegado incluso a afirmar que nunca el país había contado con un ministerio ambiental tan fuerte, postura del todo contraevidente y con la cual se podría estar confundiendo y contribuyendo a aplazar la solución de muchos de nuestros problemas ambientales.
Es necesario recordar que el declive de la gestión ambiental se vincula también con inconvenientes reformas adelantadas en otras agencias del Estado, durante las dos administraciones del presidente Uribe. En el año 2003, prácticamente se eliminó la Unidad de Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación (UPA), que se concibió a la creación de Minambiente en 1993 como un componente clave del Sistema Nacional Ambiental. En efecto, esta unidad realizó en forma efectiva, y durante una década, la crucial función de velar por la necesaria incorporación de las medidas de prevención, mitigación y restauración del daño ambiental en las políticas de los sectores transporte, hidrocarburos y minería, agropecuario, comercio, salud, etc. Por fortuna, el Gobierno reconoció su error y muy recientemente tomó un conjunto de medidas para reconstituir en forma parcial la UPA. Lo cual es positivo pero no suficiente, porque los negativos impactos de la baja capacidad del DNP en materia ambiental en los últimos seis años son irreparables, más si se toma en cuenta que la actividad productiva del país y su consecuente presión sobre el medio ambiente han crecido sustantivamente.
La reforma de las agencias públicas encargadas de la protección de los recursos hidrobiológicos y del fomento pesquero ha sido también perjudicial desde la perspectiva ambiental. Al principio de la primera administración Uribe se eliminó el Instituto Nacional de Pesca, creado en 1989 con la función fundamental de fomentar el aprovechamiento sostenible de este importante recurso. Sus funciones se trasladaron al Incoder, pero el mismo Gobierno se encargó de reconocer el fracaso de tal esquema cuando en una nueva reforma estas funciones se trasladaron al ICA, un instituto que por su tradición y conformación no parece el más adecuado para ejercerlas.
En la Semana Santa del año entrante, seguramente el río Magdalena volverá a las primeras páginas para recordarnos que la extracción de la pesca, que llegó en el pasado a 50.000 toneladas anuales, nuevamente ha descendido hasta la octava o décima parte de aquella cifra. Es evidente que para salvar el río Magdalena se requiere mucho más que brigadas; hoy para impedir una catástrofe con el derrame del cianuro, mañana quizás para sembrar alevinos en sus ciénagas para una foto de ocasión.
Es imperativo, pues, un definitivo compromiso con la conservación y buen uso de nuestros ecosistemas, que siguen siendo de los de mayor riqueza en el mundo, no obstante los daños que les hemos infligido. Es un objetivo que implica dejar de supeditar lo ambiental a intereses económicos particulares, que parecería que es, en últimas, la principal explicación de muchas de las decisiones tomadas, en detrimento del medio ambiente y de las instituciones responsables de su protección.
Por El Espectador
