¿Más cárcel para los menores de edad?

¿Qué hacer con los menores de edad que cometen delitos atroces? Dentro de todos los debates urgentes (y, tristemente, estancados) que rodean al sistema penitenciario del país, esa es una de las preguntas más descuidadas y a menudo secuestradas por el populismo punitivo, tan común en Colombia. Sin embargo, no puede dársele más vueltas a encontrar la forma de emplear penas más severas que garanticen la protección de los menores sin que eso signifique quitarles la posibilidad de una segunda oportunidad o condenarlos a una vida entera ligados al crimen.

El debate revivió con estruendo a finales del año pasado por un caso ocurrido en la vereda La Caqueteña del municipio Mayoyoque (Putumayo). Alexánder Romero, de 15 años, presuntamente asesinó a su hermana, Karen Sofía Romero, de diez años, y la ató a un caballo que arrastró el cuerpo por dos kilómetros. En entrevista con Caracol Radio, Samuel Moreno, padre de los menores, dijo: “Él mismo lo confesó, que le había pegado el tiro, amarrado de los pies y la había arrastrado”. Sin embargo, en la audiencia de imputación por el caso, el menor no aceptó los cargos y la investigación sigue.

Las reacciones que este tipo de situaciones causan en el debate nacional son una radiografía de nuestras frustraciones y resentimientos colectivos. Ante un sistema judicial colapsado y plagado de impunidad, la respuesta de muchos colombianos es pedir que haya penas más duras. En este caso particular, abundaron las voces que lamentaron que, por ser Alexánder un menor de edad, la sanción fuera mucho más laxa que si se tratara de un adulto. Pedían, además, que se reforme para que los criminales menores de edad también puedan ser recluidos durante muchos años.

No debe descartarse del todo la propuesta. No obstante, son muchas las preguntas difíciles que subyacen a la posibilidad de implementar penas más duras en los delitos más graves que involucren a victimarios menores de edad. La primera es: ¿cómo hacemos para que el pago de ese tiempo recluidos no signifique condenarlos inevitablemente a una vida de crimen? Múltiples informes a lo largo de los años vienen denunciando que el sistema penitenciario colombiano no sólo es inhumano, sino que los centros de reclusión son espacios propicios para el reclutamiento por parte de las redes de criminales. En síntesis, quienes entran a una cárcel o un espacio similar tienen muchas posibilidades de terminar delinquiendo por los incentivos que se encuentran ahí. Eso no tiene sentido.

La segunda pregunta, ligada a la anterior, es cómo vamos a garantizar el fin resocializador de la pena en los menores de edad. Casos como el de Alexánder son preocupantes, más allá de la tragedia puntual, porque nos llevan de vuelta a la pregunta de si como sociedad debemos dar por perdidos a quienes cometan crímenes de ese estilo, si son personas que no merecen otra oportunidad. Nuestra Constitución es contundente al contestar: no, en Colombia le apostamos a la resocialización.

Sin embargo, si una pena más larga significa que personas como Alexánder van a entrar a un sistema indigno, lleno de hacinamiento, plagado de influencias perversas y que además no da posibilidades genuinas de construir proyectos de vida alejados del crimen, es ilusorio hablar de resocialización.

El problema es que, para muchas personas, este debate acaba en aumentar la pena. Lo que pase con los criminales no les interesa. Pero, como sociedad, nos debe importar. Idealmente, las sanciones más fuertes contra menores de edad deberían protegerlos y ayudar a mostrarles cómo tener una vida mejor. Cuando podamos asegurarnos de que esa es una promesa que el Estado puede cumplir, el aumento de las penas se podrá considerar.

 

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