El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó el 30 de marzo la pena de muerte “para terroristas” en Cisjordania. Sobre el papel, Israel recurre a argumentos centrados en la seguridad, la disuasión del terrorismo y la protección de los ciudadanos israelíes. La medida permite a tribunales militares que solo juzgan palestinos ahorcar en público a quienes sean hallados culpables de homicidio contra población israelí, pero tiene un criterio ambiguo: se aplicará en actos que se consideren “terrorismo” y con la “intención de negar la existencia del Estado de Israel”. En la práctica, se autoriza a asesinar palestinos que se resistan a la ocupación ilegal que grupos ultranacionalistas israelíes han practicado en ese territorio, pese a que lo gobierna legítimamente y con reconocimiento internacional el partido Al-Fatah, con el que incluso Israel ha cooperado en materia de seguridad. Ya antes, sin pruebas, Israel ha tildado de “terroristas” a funcionarios de agencias de la ONU, oenegés y entidades que brindan apoyo humanitario. Además, ha bombardeado hospitales —espacios protegidos bajo el DIH— bajo el pretexto de que allí se resguardan terroristas.
El principal impulsor de la ley es el parlamentario y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, colono y supremacista racial, a quien las autoridades de su país condenaron en 2007 por su apoyo al movimiento político Kach, que tiene algo en común con Hamás: Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran terrorista. La secunda el primer ministro Benjamín Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional ordenó captura por crímenes contra la humanidad, pues en respuesta a los ataques terroristas de Hamás de octubre de 2023 comandó una ofensiva genocida que mató más de 80.000 palestinos, en su mayoría civiles, en la Franja de Gaza. La celebración de la mayoría parlamentaria refleja un reiterado desprecio por el derecho internacional. Mientras el resto del mundo tiende hacia la abolición de la pena capital, el gobierno israelí se precia de haber aprobado una de sus aplicaciones más radicales, racistas y violentas. No se espera que Israel se quede de brazos cruzados frente al terrorismo, pero sí es legítimo exigir que reconozca que incluso la guerra tiene reglas.
La ley establece que las ejecuciones deberán llevarse a cabo en un plazo de no más de 90 días tras la sentencia, la cual no tendrá posibilidad de indulto. Esta ya ha sido condenada por la ONU, la Unión Europea (UE), el Vaticano y numerosas organizaciones de derechos humanos. “Toda condena de muerte impuesta en aplicación de esta ley constituiría una violación del derecho a la vida y, si se impone a personas palestinas del Territorio Palestino Ocupado, también puede constituir un crimen de guerra”, cita Amnistía Internacional. En esto coincide Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien añadió que esta ley genera preocupaciones graves por el debido proceso, y que es “profundamente discriminatoria” y “debe ser revocada pronto”.
Sin embargo, aún parece haber caminos antes de que el horror se lleve a cabo. La oposición en el Parlamento, junto a varios grupos de derechos humanos, anunció una demanda contra la ley frente al Tribunal Supremo. El rabino Gilad Kariv, miembro de la Knéset, aseguró: “Iremos a los tribunales por esta ley inmoral, que contradice completamente nuestros valores judíos y democráticos”. Otro diputado, Matti Sarfatti, afirmó que “la ley es populista, inmoral, no igualitaria”, y “claramente inconstitucional”.
La pena de muerte, en Israel como en cualquier otro lugar del mundo, atenta contra el derecho a la vida. El asunto empeora cuando se impone específicamente contra el pueblo víctima del genocidio de Israel, a través de tribunales militares cuya tasa de sentencias condenatorias es del 99 % cuando los acusados son palestinos, según cifras de Amnistía Internacional. Motivos sobran para respaldar la ya reiterada comparación de esta ley con un sistema de segregación institucional como lo fue el apartheid en Sudáfrica. Al igual que en ese triste precedente, el tiempo y la historia pondrá a cada quien, víctimas y victimarios, en el lugar que les corresponde.
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