Más transparencia

Un gran escándalo han causado las revelaciones que conocimos esta semana por parte de quienes se oponen al proceso de paz que se discute en La Habana: unos contratos del Fondo Especial para la Paz que, cómo no, generan suspicacias mayores cuando son revelados así, intempestivamente, en medio, también, de acciones conjuntas que despiertan una serie de preguntas razonables.

El más polémico, sin duda, es el de $480 millones celebrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ONG Corpovisionarios, cuyo líder natural es el líder de opinión Antanas Mockus. El contenido del acuerdo es bastante sencillo: “diseñar e implementar, en espacios y con actores específicos, herramientas/acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social” al proceso de paz de La Habana.

Lo complicado del asunto no es tanto la ejecución formal del contrato, que ya debió finalizar, sino las noticias que lo rodean: la Marcha por la Vida convocada por Mockus para el próximo 8 de marzo. Dicen los que sospechan que el excandidato a la Presidencia no va a ir porque quiso, sino, por el contrario, porque le pagaron. Al menos eso da a entender todo si ponemos cuidado a las “suspicacias” que ha denunciado, para desatenderlas, el mismo Mockus. Una cosa simple.

Hay más, sin embargo. Contratos de todo tipo, como insumos para la paz (para ambientarla, describirla o impulsarla), que se han realizado entre el Gobierno y distintas fundaciones, corporaciones y medios de comunicación: ahí vemos a la Corporación Nuevo Arco Iris, la Federación Nacional de Cafeteros y la revista Semana, entre otros.

No hay que tener dos dedos de frente para darnos cuenta de que estos esfuerzos monetarios son válidos, sobre todo, para un Gobierno que tiene el proceso de paz como política estrella de su mandato: una que necesita, como lo hemos pedido desde estas líneas en diversas ocasiones, más participación ciudadana. Si para eso está destinado el dinero, pues bienvenido sea. Adelante con esta iniciativa.

Algo bien diferente a la validez de los contratos, sin embargo, es la forma en la que la ciudadanía los recibe, ese secretismo antipático que los rodea. Da mucha papaya el gobierno de Juan Manuel Santos cuando invita a Mockus, como sucedió hace unos meses, para que ambiente una relación cordial entre él y el senador Álvaro Uribe, y luego nos venimos a enterar, al poco tiempo, de que ese encargo bien podría ser uno de los objetos a realizar en el contrato FP-093 con Corpovisionarios : una de esas “herramientas/acciones” por las que fue consignado un monto nada despreciable.

Pero mucho más en entredicho quedó la marcha convocada para marzo próximo: ya ha salido el excandidato presidencial a decir que no, que no tiene nada que ver el contrato firmado con la manifestación convocada, que ésa es una actividad de su resorte, que en anteriores ocasiones ha defendido la misma idea. Mejor dicho: que no le pagaron, que va porque quiere. No nos cabe la menor duda. Pero por eso mismo molesta tanto la falta de elemental transparencia en todo este proceso: las oportunidades perdidas son difíciles de recuperar a nivel simbólico.

Una lección queda, por supuesto: el hermetismo característico de La Habana no puede trasplantarse, sin más, al rol que le corresponde a la sociedad en las calles de Colombia. Acá, al contrario de lo pactado allá, debe imperar la claridad de todo tipo.

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