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Algo horrible ocurre en la cárcel El Pedregal, de Medellín, y sus directivas creen que pueden pasar de agache con respuestas insuficientes y total falta de responsabilidad. No es posible que una interna denuncie haber sido violada en dos ocasiones y haber quedado en embarazo sin tener visitas íntimas autorizadas, haber recibido un abortivo sin su consentimiento en su comida y que siga recibiendo amenazas. El caso necesita la actuación urgente de la Fiscalía, así como la responsabilidad disciplinaria de todos los involucrados. Las directivas de la cárcel, ya sea por omisión, negligencia o dolo, deberían poner a consideración del INPEC sus cargos. Todo indica que hay una cultura del silencio y complicidad con el crimen dentro de un espacio, ¡oh, ironía!, que supuestamente busca la rehabilitación de personas que han infringido la ley.
El caso de Andrea Esperanza Valdez Contreras es terrorífico, doloroso y profundamente indignante. Deja muy mal parado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y en particular a Pablo Yamid Ramírez y Carlos Arturo Yepes, director y subdirector de la cárcel de El Pedregal. El Espectador tuvo acceso al expediente judicial, cuyo proceso avanza a paso de tortuga, y el relato debería causar la indignación del país entero. Inicialmente dado a conocer por la Corporación Mujeres Libres, la situación corre el riesgo de caer en el olvido, lo que protegería a los perpetradores. Eso no puede ocurrir.
A Valdez Contreras la han sometido a una seguidilla de crueldades inhumanas. Primero, la cortaron con una cuchilla en el rostro y le echaron pegante en el cabello porque no quiso pagar una extorsión. El INPEC la trasladó para protegerla. Estando bajo esa “protección”, cuenta que una noche a su celda “ingresó un tipo sin chaqueta, solo tenía blusa negra y pantalón azul”, la violó y, al salir, la amenazó con matarla si decía algo. Una semana después, “como a las 2:00 de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto narizón de brackets, estaba vestido de camiseta negra y pantalón azul”. También la violó y, luego, la amenazó con matarla por “sapa”. A los días supo que estaba embarazada. Como si hubiera dudas de su versión, el mismo director de la cárcel le reconoció que eso era problemático porque no tenía visitas íntimas autorizadas.
Las agresiones no terminaron ahí. Mientras que el ambiente en la cárcel, desde los guardias a las internas, era hostil contra Valdez Contreras, pasó algo: apareció en sanidad después de un desmayo. Resulta que le habían puesto un abortivo en la comida. Ella no quería interrumpir su embarazo porque lo consideraba un “delito a los ojos de Dios”, así que alguien quería hacerla abortar. Siguió recibiendo amenazas.
Es imposible leer el testimonio de Valdez Contreras y comprender cómo las directivas de la cárcel no han presentado su renuncia. No basta con poner al tanto a las autoridades, como han pretendido, para zafarse de responsabilidades. Todo lo ocurrido muestra una falla sistemática en la protección de la dignidad humana, en la creación de un ambiente propicio para la resocialización, en la búsqueda de la justicia. Hay criminales andando a sus anchas dentro de la cárcel; hay personas condenadas a sufrir en silencio y aterrorizadas. Todo bajo supuesta supervisión del Estado colombiano. Es urgente la intervención del Gobierno nacional en un caso tan lamentable.
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