El anuncio del nombramiento de un abogado que apenas supera los 30 años, con escasa experiencia, en uno de los cargos de mayor responsabilidad de la Cancillería fue la gota que derramó la copa y provocó la reacción al unísono de sus funcionarios, agrupados en dos sindicatos y una asociación. No es novedad que la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores se utilice de manera descuidada y se vuelva un repositorio para pagar favores políticos. En justicia, este no es el primer gobierno que utiliza tales prácticas, pero sí es uno que actúa sin empacho en contra de su propia retórica.
En las cancillerías de países que valoran la diplomacia, el director de protocolo es normalmente un embajador de carrera con amplia experiencia y autoridad, que tiene bajo su responsabilidad recibir a los dignatarios extranjeros, administrar el complejo régimen de inmunidades y privilegios, y manejar el ceremonial de Estado. En ese sentido, el reciente nombramiento de Jorge Rafael Vélez para ocupar ese puesto resulta indefendible y es apenas otro síntoma de lo que ya se volvió una tendencia dominante en el manejo de personal del servicio exterior colombiano: el desplazamiento de los diplomáticos de carrera de los cargos de dirección, que hoy son mayoritariamente ocupados por funcionarios de libre nombramiento y remoción. Hace menos de un año eran más del 50 %, según lo expresó en un comunicado la Asociación Diplomática.
Pero si en el interior de la Cancillería llueve, en el exterior diluvia. A cerca de seis meses de su final, el gobierno Duque insiste en llenar las representaciones diplomáticas con personal sin escalafón. Contrario a su promesa de elevar el porcentaje de los embajadores de carrera en el servicio exterior, ha preferido pagar favores de campaña y acomodar a amigos en sitios como Reino Unido, Alemania y Portugal.
Por requisito legal, estas personas tendrán que renunciar al instalarse el nuevo gobierno y muy seguramente su renuncia será aceptada. Esto significa que, en el mejor de los casos, serán embajadores por unos pocos meses. Más de uno ni siquiera alcanzará a presentar credenciales ante las autoridades del país a donde se le envía, lo que de por sí significa un desgaste diplomático para el país.
Por si fuera poco, a los nuevos jefes de misión el Estado debe pagarles el desplazamiento para ellos y sus familias, entregarles recursos para el transporte del menaje doméstico y brindarles viáticos de instalación; en el curso de unos pocos meses, un monto similar deberá desembolsarse para garantizar el regreso al país de los hoy feliz y alegremente designados. Sin contar el costo de los pasajes, de los viáticos y transporte de menaje se aproxima a los $100 millones por cada uno, y el regreso apresurado costará alrededor de otros $80 millones. Todo esto constituye una forma sofisticada y costosa de turismo diplomático por cuenta del erario.
Para un presidente que se comprometió a gobernar sin utilizar el presupuesto para propósitos políticos, su manejo del servicio diplomático y de la nómina de la Cancillería ha demostrado que tal idea se ha quedado en un lema de campaña, una promesa vacía e incumplida. A pocos meses del fin de su mandato, el balance en política exterior podría resumirse en magros resultados, pero abundante mermelada.
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