Minería en la Amazonia: retórica y retos
Que no se sigan entregando caóticamente títulos mineros en la selva, como se venía haciendo en territorios sensibles durante las pasadas administraciones, no es un acto de lucidez ambientalista.
El Espectador
Es uno de mínima responsabilidad social y ambiental, que si es opcional para las empresas, no lo es para el Estado, garante del bien público. Por eso el anuncio del presidente Juan Manuel Santos en la conferencia Río+20 sobre la creación de un área estratégica para la minería en zonas tan sensibles como el Chocó o la Amazonia, entre otras, ha producido desconcierto y hasta rabia entre los conocedores.
El primer mandatario lo ha presentado como un ejemplo de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos que el mismo Gobierno se precia de haber logrado introducir en el documento que delinea el llamado “mundo que queremos”. Sería una prueba reina del rumbo retórico que ha tomado el tema ambiental, sumergido en la verdadera política de este Gobierno: el crecimiento económico. Todo esto a menos que el Gobierno hiciera una precisión de frente a los enormes retos que tal decisión acarrea.
Para comenzar, por definición, no hay minería sostenible. Son dos palabras que conceptualmente no van bien juntas. Tal vez es por este motivo que Beatriz Uribe, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y anterior ministra de lo ambiental, no quiso definir públicamente el término en un reciente evento sobre este tema. Y, la verdad, preferible el silencio que la ampliación de un sinsentido.
El Gobierno debe ahora explicar cómo piensa enfrentar los grandes retos.
El primero es la consulta previa a las comunidades indígenas, tema que no es de poca monta y que ignorar de frente sería jugar con candela.
El segundo, por supuesto, es el tema ambiental. ¿Cómo pretende explotarse la minería en un territorio selvático, sin que haya deforestación y contaminación de ríos tan delicados en su química y biología, como los de aguas oscuras que nacen en las rocas —ricas en minerales— de lo profundo de la selva? ¿Y cómo se va a sacar el mineral? Literalmente, ¿con locomotoras que llegan a la selva?
Difícil situación enfrenta ahora un gobierno que está en la mira del mundo por haber sido justamente el que propuso introducir objetivos de un equilibrio económico, ambiental y social para el desarrollo. Porque el problema no es simplemente hacer el mismo tipo de desarrollo, con un contenido social y ambiental vagamente definido. La definición clásica del desarrollo sostenible define componentes del mismo que tienen que ver con la calidad de vida, la viabilidad del sistema ambiental y la equidad en el desarrollo de los recursos naturales.
Para ello los funcionarios del Gobierno, que en buena hora entendieron ya que la feria de títulos mineros era nefasta, deben propiciar un control de seguridad para que la región no sea tomada por la ilegalidad. Y deberían, además, construir un acuerdo de gobernabilidad con las comunidades indígenas. Para que el Guainía y el Vaupés no se conviertan en otro Cauca. Luego, se debería probar que el balance costo-beneficio de explotar los minerales de la selva es positivo para la sociedad, más allá de un período electoral.
La verdad, no parece que el país esté listo para gestionar una Amazonia minera, con mínimos sociales, económicos y ambientales. Por eso, quienes más conocen habían hablado de una moratoria, hasta que las condiciones estuvieran listas. La primera de ellas sería de buen gobierno: que estas decisiones sean tomadas en consenso entre el sector minero y la autoridad ambiental. Procedimiento que, al menos por ahora, parece ajeno al concepto de desarrollo sostenible que este gobierno maneja a su manera.
Es uno de mínima responsabilidad social y ambiental, que si es opcional para las empresas, no lo es para el Estado, garante del bien público. Por eso el anuncio del presidente Juan Manuel Santos en la conferencia Río+20 sobre la creación de un área estratégica para la minería en zonas tan sensibles como el Chocó o la Amazonia, entre otras, ha producido desconcierto y hasta rabia entre los conocedores.
El primer mandatario lo ha presentado como un ejemplo de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos que el mismo Gobierno se precia de haber logrado introducir en el documento que delinea el llamado “mundo que queremos”. Sería una prueba reina del rumbo retórico que ha tomado el tema ambiental, sumergido en la verdadera política de este Gobierno: el crecimiento económico. Todo esto a menos que el Gobierno hiciera una precisión de frente a los enormes retos que tal decisión acarrea.
Para comenzar, por definición, no hay minería sostenible. Son dos palabras que conceptualmente no van bien juntas. Tal vez es por este motivo que Beatriz Uribe, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y anterior ministra de lo ambiental, no quiso definir públicamente el término en un reciente evento sobre este tema. Y, la verdad, preferible el silencio que la ampliación de un sinsentido.
El Gobierno debe ahora explicar cómo piensa enfrentar los grandes retos.
El primero es la consulta previa a las comunidades indígenas, tema que no es de poca monta y que ignorar de frente sería jugar con candela.
El segundo, por supuesto, es el tema ambiental. ¿Cómo pretende explotarse la minería en un territorio selvático, sin que haya deforestación y contaminación de ríos tan delicados en su química y biología, como los de aguas oscuras que nacen en las rocas —ricas en minerales— de lo profundo de la selva? ¿Y cómo se va a sacar el mineral? Literalmente, ¿con locomotoras que llegan a la selva?
Difícil situación enfrenta ahora un gobierno que está en la mira del mundo por haber sido justamente el que propuso introducir objetivos de un equilibrio económico, ambiental y social para el desarrollo. Porque el problema no es simplemente hacer el mismo tipo de desarrollo, con un contenido social y ambiental vagamente definido. La definición clásica del desarrollo sostenible define componentes del mismo que tienen que ver con la calidad de vida, la viabilidad del sistema ambiental y la equidad en el desarrollo de los recursos naturales.
Para ello los funcionarios del Gobierno, que en buena hora entendieron ya que la feria de títulos mineros era nefasta, deben propiciar un control de seguridad para que la región no sea tomada por la ilegalidad. Y deberían, además, construir un acuerdo de gobernabilidad con las comunidades indígenas. Para que el Guainía y el Vaupés no se conviertan en otro Cauca. Luego, se debería probar que el balance costo-beneficio de explotar los minerales de la selva es positivo para la sociedad, más allá de un período electoral.
La verdad, no parece que el país esté listo para gestionar una Amazonia minera, con mínimos sociales, económicos y ambientales. Por eso, quienes más conocen habían hablado de una moratoria, hasta que las condiciones estuvieran listas. La primera de ellas sería de buen gobierno: que estas decisiones sean tomadas en consenso entre el sector minero y la autoridad ambiental. Procedimiento que, al menos por ahora, parece ajeno al concepto de desarrollo sostenible que este gobierno maneja a su manera.