Mirar para otro lado

Decíamos hace una semana aquí, cuando apenas se comenzaban a conocer las primeras decisiones de la Fiscalía General de la Nación producto de la investigación por los sobornos de Odebrecht en el país, que resultaba crucial que se avanzara hasta identificar y hacer pagar a todos los implicados para demostrar las consecuencias de hacerle trampa al país. Decíamos también que la responsabilidad política de haber escogido y defendido funcionarios de dudosa ortografía no se podía soslayar.

Conforme se han ido conociendo nuevos ingredientes de este escándalo, involucrando también al actual Gobierno, sentimos empero que esto no basta para erradicar esa forma perversa de actuar si a la par no se cambia también la manera en que opera la política colombiana. Cuando las investigaciones comienzan a involucrar a funcionarios o políticos no muy conocidos y el debate, a partir del discurso de los líderes a la cabeza, se queda en a cuál Gobierno le cabe mayor o menor culpa en el caso de corrupción, se corre el peligro de que todo concluya en la idea de que unos cuantos bandidos encontraron la manera de ganarse una plata por unas maniobras que no fueron detectadas a tiempo. Unas manzanas podridas que se detectan se sacan del cesto, y todos tan felices. Si eso sucede en este caso, otra vez no habremos avanzado mucho en cambiar una manera de hacer las cosas que ya parece casi natural.

Ahora que parece surgir una renovada efervescencia ciudadana y de las autoridades en contra de la corrupción, es importante que al compromiso que demuestran las nuevas cabezas de los entes de control se sume el reconocimiento de que la concepción del manejo del Estado que se ha mantenido es perversa. La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda en la idea de que para el Estado es mejor evitar bloqueos a proyectos de necesidad nacional, incluso si eso significa otorgar prebendas y contratos en regiones para favorecer a determinados políticos, institucionaliza la dinámica mezquina del “tú me apoyas en el Congreso, yo te nutro el poder en las regiones y no pregunto qué pasa ahí”. No son corruptos directamente los funcionarios que aceptan esa lógica, es verdad, pues no participan del fraude a los recursos públicos ni quebrantan la ley, pero ¿no es igual de reprochable mirar para otro lado? ¿Estamos acaso condenados a la dinámica dañina porque ese es el “juego de la política”? ¿No sería una muestra de responsabilidad imponer desde la cabeza la prohibición del intercambio de favores, la denuncia de quienes amenazan con estancar el país si no les dan su cuota de poder? Si vamos a hablar de lucha anticorrupción, no podemos ignorar esta realidad.

Este Gobierno, que ahora promete encabezar la cruzada contra la corrupción, no está exento de culpa en ese intercambio de apoyos. Desde que el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que “vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”, refiriéndose a la reforma de las regalías, el término “mermelada” se volvió sinónimo de las peticiones que los congresistas de la amplia Unidad Nacional le han exigido al Gobierno a cambio de su apoyo en momentos críticos, no sólo para aprobar sus proyectos en el Congreso, sino también durante la reñida reelección del presidente Juan Manuel Santos.

En este caso de Odebrecht genera justa indignación lo que se ha conocido sobre cómo se llegó a la adición del contrato de la Ruta del Sol en el 2014. Según la Fiscalía, al exsenador Otto Bula “se le confió el encargo de obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas en el contrato”, y la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó la obra con un otrosí, y no con licitación pública, en un contrato que cumplía con las mismas condiciones que se le habrían exigido a Bula. La creación de dos peajes adicionales para el tramo Ocaña-Gamarra, autorizado por resolución del Ministerio de Transporte, despierta suspicacias, especialmente por el momento en que se decidió otorgar la adición del contrato, en plena campaña reeleccionista.

No son suficientes, entonces, las declaraciones altisonantes y la creación de comités. Es bienvenida la propuesta del Gobierno de que el Estado financie todas las campañas políticas, pero también es necesario que haya un cambio profundo en la manera como se viene haciendo política en el país, desde las cabezas nacionales hasta los caciques regionales. Esa dinámica, ya hemos visto, es muy costosa para Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Decíamos hace una semana aquí, cuando apenas se comenzaban a conocer las primeras decisiones de la Fiscalía General de la Nación producto de la investigación por los sobornos de Odebrecht en el país, que resultaba crucial que se avanzara hasta identificar y hacer pagar a todos los implicados para demostrar las consecuencias de hacerle trampa al país. Decíamos también que la responsabilidad política de haber escogido y defendido funcionarios de dudosa ortografía no se podía soslayar.

Conforme se han ido conociendo nuevos ingredientes de este escándalo, involucrando también al actual Gobierno, sentimos empero que esto no basta para erradicar esa forma perversa de actuar si a la par no se cambia también la manera en que opera la política colombiana. Cuando las investigaciones comienzan a involucrar a funcionarios o políticos no muy conocidos y el debate, a partir del discurso de los líderes a la cabeza, se queda en a cuál Gobierno le cabe mayor o menor culpa en el caso de corrupción, se corre el peligro de que todo concluya en la idea de que unos cuantos bandidos encontraron la manera de ganarse una plata por unas maniobras que no fueron detectadas a tiempo. Unas manzanas podridas que se detectan se sacan del cesto, y todos tan felices. Si eso sucede en este caso, otra vez no habremos avanzado mucho en cambiar una manera de hacer las cosas que ya parece casi natural.

Ahora que parece surgir una renovada efervescencia ciudadana y de las autoridades en contra de la corrupción, es importante que al compromiso que demuestran las nuevas cabezas de los entes de control se sume el reconocimiento de que la concepción del manejo del Estado que se ha mantenido es perversa. La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda en la idea de que para el Estado es mejor evitar bloqueos a proyectos de necesidad nacional, incluso si eso significa otorgar prebendas y contratos en regiones para favorecer a determinados políticos, institucionaliza la dinámica mezquina del “tú me apoyas en el Congreso, yo te nutro el poder en las regiones y no pregunto qué pasa ahí”. No son corruptos directamente los funcionarios que aceptan esa lógica, es verdad, pues no participan del fraude a los recursos públicos ni quebrantan la ley, pero ¿no es igual de reprochable mirar para otro lado? ¿Estamos acaso condenados a la dinámica dañina porque ese es el “juego de la política”? ¿No sería una muestra de responsabilidad imponer desde la cabeza la prohibición del intercambio de favores, la denuncia de quienes amenazan con estancar el país si no les dan su cuota de poder? Si vamos a hablar de lucha anticorrupción, no podemos ignorar esta realidad.

Este Gobierno, que ahora promete encabezar la cruzada contra la corrupción, no está exento de culpa en ese intercambio de apoyos. Desde que el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que “vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”, refiriéndose a la reforma de las regalías, el término “mermelada” se volvió sinónimo de las peticiones que los congresistas de la amplia Unidad Nacional le han exigido al Gobierno a cambio de su apoyo en momentos críticos, no sólo para aprobar sus proyectos en el Congreso, sino también durante la reñida reelección del presidente Juan Manuel Santos.

En este caso de Odebrecht genera justa indignación lo que se ha conocido sobre cómo se llegó a la adición del contrato de la Ruta del Sol en el 2014. Según la Fiscalía, al exsenador Otto Bula “se le confió el encargo de obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas en el contrato”, y la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó la obra con un otrosí, y no con licitación pública, en un contrato que cumplía con las mismas condiciones que se le habrían exigido a Bula. La creación de dos peajes adicionales para el tramo Ocaña-Gamarra, autorizado por resolución del Ministerio de Transporte, despierta suspicacias, especialmente por el momento en que se decidió otorgar la adición del contrato, en plena campaña reeleccionista.

No son suficientes, entonces, las declaraciones altisonantes y la creación de comités. Es bienvenida la propuesta del Gobierno de que el Estado financie todas las campañas políticas, pero también es necesario que haya un cambio profundo en la manera como se viene haciendo política en el país, desde las cabezas nacionales hasta los caciques regionales. Esa dinámica, ya hemos visto, es muy costosa para Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.