Morir dignamente

La dignidad entraña, como lo ha dicho la Corte Constitucional en profusa jurisprudencia, la superación de la persona y el respeto por su autonomía.

La vida, como uno de esos derechos fundamentales del individuo, debe estar en consonancia con el presupuesto enunciado: no se trata de la simple existencia biológica indeterminada, mucho menos si resulta incompatible con la dignidad del ser humano, con sus más hondas convicciones personales. Dicho en cristiano: aparte de tener una serie de mínimos requisitos que el Estado debe cumplir, vivir dignamente implica, también, morir dignamente. No tiene sentido en un Estado social de derecho prolongar la existencia de alguien si eso se traduce en prolongar intensos sufrimientos que lo llevarán a la muerte.

Resulta lógico, entonces, que un paciente en estado terminal decida irse de este mundo sin prolongar, a cuento de algún tipo de moral, su vida en medio del dolor. Que pueda irse en paz, sin sufrir, atendiendo a lo que su dignidad propia le pida.

Colombia dio un salto impresionante en materia de eutanasia con la sentencia C-239 de 1997. Un fallo jurídicamente muy bien sustentado (aunque polémico, por igual) que, a grandes rasgos, dejó este precedente: en el caso de los enfermos terminales que padezcan un grave sufrimiento, y cuando exista la voluntad libre (lo que implica plenitud de facultades) de ellos, no habrá responsabilidad penal para el médico que practique la eutanasia. Dejó asimismo la pelota en la cancha del Congreso: lo invitó a regular, en el menor tiempo posible, el tema de la muerte digna en Colombia.

El menor tiempo se convirtió en varios años, 17 desde entonces, lo que implica que aún es legalmente indeterminado el procedimiento que debe existir. El paso histórico se convirtió en la lentitud retrógrada.

Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, dice que en Colombia se registran pocos casos de pacientes que prefieren la eutanasia: 20 a lo sumo. Sin embargo, son muchos más los que la quieren: los médicos, sin embargo, y ante la falta del tenor legal de una norma clara, temen aplicarla. El derecho, sobre todo en este caso, sería una fuente de tranquilidad para proceder de una forma segura.

Todo esto viene a colación por el caso de Brittany Maynard, una joven estadounidense que sufría de un cáncer terminal y que murió a través de la figura del suicidio asistido luego de anunciarle al mundo que quería poner fin a su vida: esos intensos dolores, esa prolongación absurda de la existencia biológica. Quería reivindicar su dignidad, tal y como lo anunció en un video.

El glioblastoma multiforme, un tumor cerebral que le diagnosticaron, le daba seis meses más de vida, en medio de unas condiciones desfavorables para su dignidad, para sus más hondos principios: decidió, amparada en las leyes de Oregón (noroeste de los Estados Unidos), uno de esos pocos estados que permiten la eutanasia, frenar ese foco de sufrimientos.

El debate, entonces, está reabierto. Bien harían nuestros legisladores en darle un intento más a esa ley que deben hace casi dos décadas: nunca es tarde para orientar las normas de un Estado hacia su presupuesto fundamental.