Mortal discriminación

Mañana domingo se hará la marcha del orgullo gay, que replicará en las calles colombianas lo que a nivel mundial se celebra por estos días.

El lunes de la próxima semana se cumplen 10 años exactos de que una política distrital favorable a la población LGBTI empezara a existir. Por esta época, también, se conmemora el primer año que llevan ya las parejas del mismo sexo en este país solicitando en los juzgados que los casen, con el aval nada despreciable de la Corte Constitucional, que le dio a la Constitución —con algo de timidez, es cierto— la interpretación libertaria que merece. Todo esto luce, sin duda, como el avance de esta sociedad hacia una inclusión mayor para las opciones que se tildan de distintas. Y lo es, sin duda. Avance hay.

Otras eran las épocas en que no se sabía de orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, no porque no existieran en el mundo, sino porque era impensable manifestarlas en público. Pero este avance del que hablamos, no sobra decirlo, se ha hecho en Colombia sobre un terreno bastante movedizo: al final, todas estas marchas y políticas y fenómenos jurídicos hechizos no logran, no todavía al menos, que la comunidad LGBTI pueda sentirse menos excluida o discriminada. Estos primeros pasos, por importantes que hayan sido, no significan ni mucho menos que la batalla por sus derechos —apenas eso, sus derechos— haya sido ganada.

Al menos eso es lo que nos cuenta el informe “Cuando el prejuicio mata”, que presentó la ONG Colombia Diversa esta semana en la Universidad de los Andes de Bogotá. Aparte de los muchos números que esta publicación trae (en 2012 hubo 87 homicidios: 33 hombres gay, 14 personas trans, 39 sin determinar y una mujer lesbiana), o el especial énfasis que hacen en el entorno de las personas agredidas (ha habido un 50% de aumento en la circulación de panfletos amenazantes contra esta población) o la recopilación de valiosos testimonios (“al otro día fue encontrada inconsciente en su casa por otra compañera trans y fue llevada al hospital San José, a donde llegó sin signos vitales”), aparte de todo esto, decíamos, está algo acaso mucho más contundente: el alto nivel de incomprensión por parte del Estado y la sociedad colombiana.

Los miembros de la comunidad LGBTI siguen siendo vistos, por amplios sectores de la sociedad, como un objeto: o bien son víctimas del prejuicio jerárquico, que los ve como seres inferiores a las personas heterosexuales, o del excluyente, que busca liquidar lo que el otro cuerpo representa. Y, como buenos prejuicios que son, no vienen naturales al individuo, no nacen por generación espontánea: se trata de una conducta socialmente construida, algo a lo que una persona no podría llegar por sí sola ni por el camino de su propia lógica. Son años y años de refuerzos y círculos viciosos y discursos de odio. Así, de tumbo en tumbo, de insulto dicho en exclusión hecha, llegamos al entorno de lo criminal: esas personas que son asesinadas por la discriminación. Eso en cuanto a la sociedad.

El Estado, igual, tiene una deuda bien grande: una de las quejas del estudio que presenta Colombia Diversa es que en todo este contexto de segregación, miedo y amenazas no hay sistemas de información que registren de manera diferenciada la forma como lesbianas, gays, bisexuales y personas trans son víctimas de algún hecho violento. Y sin esto, sin identificar el problema (y organizar ese término amplio de “homosexual” con el que se cobija todo), es muy poco lo que puede lograrse a través de políticas públicas.

Si no se saben con certeza los datos (pese a que el informe subraya los contextos para darles viabilidad estadística a los números), es muy poco lo que puede hacerse en el terreno de la práctica. Que este informe, entonces, sirva como insumo. Para seguir adelante hasta poder todos vernos y ser tratados como iguales.

 

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