:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/PMxmGZezNNMV60FEQtUxUU6HXx4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/F74LVDQ6QVCSLLGNSNTKOOWPHQ.jpg)
Es pronto para saber en qué terminará el caso de corrupción por los carrotanques comprados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero ya es evidente que el país necesita respuestas. Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia necesitan actuar con velocidad y transparencia, así como atender a los pedidos de los involucrados por protección debido al aumento de las amenazas. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo lo correcto al pedir la renuncia de piezas claves dentro de su administración que podrían estar involucradas, pero la responsabilidad política del Gobierno no puede terminar allí. Con lo poco que se ha conocido en medios de comunicación, el escándalo apenas está comenzando.
El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dijo que 13 congresistas y otros funcionarios de alto nivel en el Gobierno estuvieron involucrados en el pago de sobornos. Lo hace en el marco de las investigaciones por los más de $20.000 millones de sobrecosto en la compra de carrotanques para enfrentar la crisis del agua en La Guajira. En particular, llamó la atención que se autoincriminó al contar que estuvo involucrado en llevar $4.000 millones dirigidos para Iván Name, presidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal. También mencionó a la consejera de las regiones, Sandra Ortiz, y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Todos los involucrados niegan lo ocurrido, el presidente le pidió la renuncia a Ortiz y, hasta el momento, no conocemos pruebas tangibles de lo ocurrido.
Aquí entra el otro gran involucrado. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aliado del proyecto político del presidente Petro, salió de su cargo después de una investigación periodística de La W. En aquel entonces hubo ataques a la prensa e intentos de cerrar filas para defenderlo. Sin embargo, la llegada de Carlos Carrillo a la dirección de la Unidad terminó por comprobar que algo criminal había ocurrido. Para completar, López está buscando colaborar con la justicia, pero dice que no ha recibido respuesta sobre su protección por parte de la Fiscalía. Su abogado denunció que diez hombres intentaron entrar a su casa. Eso es inadmisible. El ente investigador tiene la responsabilidad de brindar garantías y darles celeridad a los testimonios. Por el caso de López también tuvo que renunciar Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia, después de conocidos unos chats de WhatsApp que dejan más preguntas que respuestas.
Esa es la idea principal: tenemos muchas dudas y sospechas. ¿Qué sabemos? Ya hay confesiones de coimas, así como pruebas de los sobrecostos. Eso produce la sensación de que otro gobierno se enfrenta a otra crisis de corrupción, con el Congreso de por medio. Esta semana hay reuniones claves de la Fiscalía con los testigos y ya la Corte Suprema de Justicia abrió indagaciones. Mientras obtenemos responsabilidad judicial, así como un panorama preciso de qué fue lo acontecido, volvemos a la pregunta de siempre: ¿y la responsabilidad política? Año y medio duró la UNGRD bajo el manejo de una persona en medio del huracán de corrupción, no basta con que el presidente señale que los recursos fueron a hacerles campaña a políticos de diverso origen. ¿No han sido esos mismos políticos claves en la construcción de la coalición de gobierno en el Congreso? Difícil olvidarlo. Son urgentes las respuestas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.