:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/EOwsgvP5Qpa-VQDj0bjJvgSwaDg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YGOFXXWOJFGQ5DJRGILXQ6PDPU.jpg)
Llegamos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas con malas noticias. Por donde se le mire, Colombia y el mundo entero van mal, muy mal, en la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y adultas. Desde la pandemia se advirtió que las mujeres iban a llevar la carga: aumentó su desempleo, la violencia contra ellas, su dependencia económica de parejas agresoras y su tasa de ansiedad y depresión. En los meses siguientes, la situación no ha cambiado.
Por ejemplo, a escala global el panorama es alarmante. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), “en 2021, aproximadamente 45.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo por sus parejas u otros familiares (incluidos padres, madres, tíos y hermanos). Esto significa que alrededor del 56 % del total estimado de 81.100 mujeres víctimas de homicidio registradas en 2021 fueron asesinadas por alguien de su propia familia”. Como bien explicó Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres: “Detrás de cada estadística de feminicidio está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado. Estas muertes se pueden prevenir: ya existen las herramientas y los conocimientos para hacerlo”.
En Colombia ocurre lo mismo. Las cifras de Medicina Legal y de la Procuraduría son terribles. En el 2022 se reportan 140 casos de feminicidios, pero puede aumentar pues la Procuraduría ha atendido 659 alertas de feminicidio en varias regiones del país. Medicina Legal ha realizado 45.472 exámenes médicos por violencia intrafamiliar, de los cuales el 77,53 % son contra niñas, adolescentes y mujeres. En cuanto a violencia sexual, se han llevado a cabo 15.823 exámenes médico-legales en personas menores de edad, de las cuales el 87,53 % fueron practicados a niñas y mujeres adolescentes. Para completar, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, alertó que, “entre el año 2021 y lo transcurrido del 2022, hemos acompañado y activado las rutas institucionales para el restablecimiento de derechos en 226 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 206 fueron contra mujeres transgénero y 20 hacia hombres transgénero”. Estamos ante una crisis normalizada.
Es duro hablar de posibles soluciones cuando esta misma semana fueron enviados a la cárcel como medida preventiva cinco policías por homicidio agravado y tortura a título de coautores por comisión u omisión. Se trata de los cinco uniformados que estaban custodiando a Juan Pablo González, quien unos días antes presuntamente había cometido serios actos de violencia sexual contra Hilary Castro. Según la Fiscalía, los policías permitieron que los otros presos “le raparan su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y lo golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”. ¿Así es como reaccionamos a la violencia de género? ¿Con más violencia? ¿Cuál es esa perversa noción de justicia que le niega a Castro, la víctima original, cualquier proceso de reparación y verdad? Esto muestra un sistema colapsado, propenso a los abusos e incapaz de romper con la impunidad.
Necesitamos cambios estructurales. El Ministerio de la Igualdad puede ser un buen paso adelante, pero las cifras que hemos compartido producen desazón. Colombia no está haciendo lo suficiente para prevenir violencias que conocemos muy bien.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.