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La vergüenza que produce el caso de Carlos Mattos, empresario que evadió durante años a la justicia colombiana con tecnicismos legales, se multiplica cuando se recuerdan hechos no tan lejanos. Mientras Noticias Caracol seguía al vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que llevaba al reo por Bogotá como si fuesen sus conductores privados, viene a la mente la fuga impune de Aida Merlano. También es amargo recordar que las cárceles del país tienen sus propias dinámicas ilegales, con beneficios repartidos de forma poco transparente, y están enmarcadas en un sistema judicial colapsado, abrumado y a menudo injusto.
Por supuesto que tenía que ser destituido el mayor general Mariano Botero, director del Inpec, así como el director de la cárcel La Picota, Wílmer Valencia. Hizo bien el presidente Iván Duque en tomar acciones inmediatas. Aun así, quedan muchas dudas sobre responsabilidades, de las cuales la mayor es: ¿por qué el Inpec salta de escándalo a escándalo?
De no ser por los investigadores de Noticias Caracol, el país no se hubiera enterado de lo ocurrido. Un preso sale para una cita médica y después es llevado a su oficina en el norte de la ciudad, donde coincidencialmente se encuentra con su abogado, Iván Cancino. Hablando con Blu Radio, Cancino dijo que eso no fue concertado y que en la reunión le hizo saber a Mattos de los riesgos legales en los que estaba incurriendo. Lo dicho: quedan muchas preguntas que nunca serán respondidas.
Mattos tiene un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se enfrenta a los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Según lo pactado, pagará 56 meses en prisión y una indemnización cercana a los US$2 millones. Después del escándalo fue trasladado a Cómbita, una cárcel de máxima seguridad. El daño a la reputación de las instituciones, sin embargo, ya está hecho.
El sistema judicial y penitenciario falla cuando se da la percepción de que los poderosos pueden hacer lo que se les antoje en complicidad con las autoridades. Eso es lo macabro de los videos publicados: ver una situación que nunca sucedería con la enorme cantidad de personas capturadas en procesos eternos y estancados. También es frustrante la sensación de que no conocemos la mayoría de los casos, que esta es la punta del iceberg, que el privilegio es cómplice del silencio y la corrupción.
Hace rato que el sistema penitenciario y el Código Penal están en mora de repensarse. Asimismo, con soluciones contra el hacinamiento que vayan más allá de la simple propuesta de construir más cárceles. Pero las reformas estructurales no van a ocurrir porque el Congreso y la Presidencia, sin importar quiénes estén allí, suelen dejarse llevar por la seducción del populismo punitivo. La respuesta a todo es subir penas, mientras que los verdaderos problemas quedan sin resolverse y la frustración de la ciudadanía aumenta.
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