El exilio en Europa de Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, es un fracaso vergonzoso de la Fiscalía General de la Nación y de todo el Estado colombiano. Solo por haber cumplido su labor de entrevistar a los actores del conflicto durante los años de servicio de la Comisión, Celis ha sido perseguido, atracado y amenazado de muerte. Para completar, las autoridades colombianas han tratado su caso con tal levedad que parece negligencia. Es inaceptable que una persona clave para la justicia transicional tenga que abandonar Colombia y temer por su seguridad y la de sus familiares porque aquí no somos capaces de garantizarla.
Listar lo que le ha ocurrido a Celis es revivir los ecos de lo peor del conflicto armado en Colombia. Después de haber entrevistado a alias Otoniel, un ladrón asaltó su casa y se llevó documentos sensibles, a lo que la Fiscalía respondió con la hipótesis de que se trataba de un habitante de la calle. Luego, como describe Cecilia Orozco Tascón en su columna para El Espectador, “Celis fue asaltado en la calle, en una visita a Santa Marta. Ahí se topó con otros delincuentes elegantes y bien enterados, pues solo le pidieron que les entregara sus “dos celulares: el suyo y el que le habían dado en la Comisión”. Frito es, gallina lo pone...
El horror no terminaría ahí. En entrevista con El País, de España, Celis cuenta que empezó a recibir llamadas amenazantes después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Su testimonio al periódico sobre la llamada que lo llevó a irse del país es terrorífico: “En la última me dicen unos hombres que los habían contratado a ellos para mandarme a matar a mí. Dicen que dos personas son las que les han pagado para que me maten, que les dieron $15 millones y que me iban a matar. Pero entonces, para no matarme, querían saber si yo les iba a colaborar a ellos. Yo le pregunto a la persona quiénes son los que me han mandado a matar. Entonces después me dicen que yo he tomado una mala decisión, que igual me iban a matar y que no importaba la manera: si me iban a descuartizar o si me iban a pegar un tiro”.
En efecto, Celis tuvo que irse a un país de Europa que lo acogió. ¿Y la Fiscalía? Sin dar razón de quiénes pudieron estar detrás de las amenazas. La situación es tan ridícula que es macondiana: por haber investigado el conflicto armado Celis tuvo que sufrir una de las peores consecuencias de los años de la violencia: el exilio.
Lo más preocupante es que no hay indicios de quién exactamente puede estar detrás de las amenazas. Celis cuenta que tuvo acceso a tanta información confidencial, mucha de la cual no fue publicada en el Informe Final, que hay más de una docena de nombres de personas interesadas en silenciarlo. Por esto, su exilio, aunque lamentable, está más que justificado.
Este caso debería ser de total prioridad para el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía de Francisco Barbosa. No podemos permitir que las personas que le aportan verdad al país tengan que temer por su integridad. ¿Quién les da garantías a Celis y a su familia?
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