La necesaria regulación del trabajo sexual

El problema principal es que no hay interés alguno en solucionar el problema.

Siguen, el Gobierno Nacional, el Congreso y las entidades territoriales, con una deuda histórica que ha generado una situación inhumana, y lo peor es que no parece haber la voluntad política de hacer lo correcto. Nos referimos a la regulación del trabajo sexual que, por ser un tema plagado de prejuicios y ambivalencias jurídicas y de las autoridades, sigue siendo un eterno pendiente. El problema es que muchas personas siguen sufriendo a diario por el desinterés del Estado. La única que avanza en algo respecto de los derechos de estas personas ha sido la Corte Constitucional, pero las sentencias judiciales no son suficientes para un tema complejo y que requiere un esfuerzo educativo enorme.

A finales del año pasado habíamos comentado que el Observatorio de Trabajo Sexual de la organización Parces, en colaboración con el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, lanzó un informe titulado Ley entre comillas, que da un diagnóstico sumamente preocupante de la realidad que enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual. Dado que ya termina el primer mes del 2017 y no parece haber disposición por parte del Ejecutivo y el Legislativo para adoptar las medidas necesarias, consideramos pertinente recordar los hallazgos.

El estudio, que se realizó durante dos años en siete sectores de la ciudad de Bogotá (La Mariposa, el barrio Santa Fe, Terraza Pasteur, Chapinero, La Carrilera, Santa Bibiana y la Primero de Mayo), mostró que, como lo dijo Catalina Ruiz Navarro en El Espectador, “los estigmas sociales hacen del trabajo sexual un territorio sin ley, sin empatía o solidaridad ciudadana, y en donde muchas vulnerabilidades se juntan para dar ocasión al abuso y la violencia”. Hay una cifra muy diciente: el 78 % de las trabajadoras sexuales entrevistadas aseguran tener miedo por su seguridad personal. ¿No es eso suficiente para que las autoridades intervengan?

El problema principal es que no hay interés alguno en solucionar el problema. En una entrevista reciente realizada por Noticias Caracol a una trabajadora sexual, la mujer dijo que los clientes “llevan a veces cuchillos” para forzarlas a que hagan lo que quieran. Las amenazas y los insultos, contó, son comunes, algo comprobado por el estudio: 60 % de los entrevistados ha sido agredido verbalmente alguna vez y casi la mitad (46,5 %) ha sido víctima de violencia proveniente de los clientes. Peor aún, la Policía no es una aliada. La misma entrevistada por Caracol contó que, al intentar denunciar, los agentes le contestaron “defiéndase como pueda”.

Esa es una consecuencia directa de los vacíos legales que envían mensajes cruzados sobre el trabajo sexual: si bien no está prohibido, tampoco hay protecciones claras que exijan que esa labor sea tratada con la misma dignidad que otros trabajos. Aunque el alto tribunal constitucional viene adelantando una jurisprudencia que busca dotar de dignidad al ejercicio del trabajo sexual, el silencio de las otras ramas del Estado hace que se perpetúen la violencia y la inseguridad.

La mayoría de los casos denunciados, por ejemplo, son de choques con la Policía. Sería difícil imaginar que esa situación se presentara con tanta impunidad si hubiese reglas más claras e inequívocas sobre la legalidad de este tipo de trabajo y los derechos de quienes lo ejercen.

Preocupan, además, todas las situaciones que están condenadas al silencio. No se sabe mucho de las trabajadoras sexuales en las regiones, pero no es difícil imaginar que la situación debe ser similar. Más motivos aún para que este año los líderes políticos le pierdan el pudor al tema y regulen, de una vez por todas, el trabajo sexual.

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