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Entre enero y agosto de este año, la Superintendencia de Salud recibió 31.263 reclamos de maestras y maestros por la prestación del servicio de salud en el régimen especial. Por eso, y por casos de corrupción que no han sido divulgados de manera pública, el gobierno de Gustavo Petro decidió suspender la licitación de los nuevos contratos de los prestadores del servicio, que son financiados desde la Fiduprevisora en 10 regiones del país y cubren a 825.000 personas. Como se trata de un contrato que involucra más de $13 billones de recursos, la administración Petro tiene la oportunidad de mostrar cómo sería su propuesta de un régimen especial de salud más digno, pero también necesita demostrar que tiene un diagnóstico complejo de lo que ocurre.
La interrupción de la licitación fue intempestiva: tenía que asignarse para que los nuevos contratos entraran a funcionar a partir del próximo 1° de noviembre. La semana pasada, en su cuenta de X, el presidente Petro escribió que descubrieron “una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag para la atención en salud del Magisterio” y por eso pidió cancelar la licitación, prorrogar los contratos vigentes durante seis meses más e intervenir en el proceso.
Al día siguiente, el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), donde el Gobierno tiene tres asientos, anunció la cancelación del proceso. Las razones fueron varias. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “consideramos que no existe pluralidad de oferentes, lo que impide una sana competencia”. Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, dijo que “lo que se busca con esta decisión es poner en marcha un mecanismo que permita mejorar la atención que hoy presenta deficiencias”. También anunciaron que cualquier nueva licitación se hará en conversaciones con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Desde el Magisterio anunciaron que están abiertos a la conversación.
Entonces, se abrirá una nueva licitación. Le damos la bienvenida a la decisión especialmente porque el Fomag lleva décadas en medio de denuncias por mal funcionamiento y poco se ha hecho para mejorarlo. El presidente Petro debería compartir con el país cuáles son los casos de corrupción que encontró, pero más allá de eso necesitamos un debate público sobre los problemas que tiene el Fondo. ¿Cómo es posible que, a pesar de tener un costo per cápita superior al régimen contributivo, el servicio sea peor? Como escribió para El Espectador Hernando Bayona Rodríguez, exviceministro de Educación, los “recursos de las prestaciones sociales del Magisterio y de los servicios de salud y seguridad en el trabajo han enriquecido a unos pocos y dejado a los docentes con una precaria atención”.
De fondo, claro, está la pregunta sobre cómo tener un mejor sistema de salud, que se ha venido planteando con la reforma propuesta por el Gobierno. Aprovechando el régimen especial y la capacidad de incidencia del Ejecutivo en la salud del Magisterio, es una oportunidad que el Gobierno no puede desperdiciar para proponerle al país un modelo que funcione. El año entrante, con la nueva licitación, sabremos si lo consigue.
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