Necesitamos el tribunal de aforados

Un tribunal de aforados independiente de la influencia política del Congreso y de los líderes de la Rama Judicial es un excelente primer paso para empezar a recuperar la confianza en la justicia.

Tal vez lo más frustrante sobre las recientes acusaciones de corrupción que involucran a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia es saber que la competencia de juzgarlos está en la inútil Comisión de Acusación del Congreso de la República. Ahora que el Gobierno propuso revivir la idea de crear un tribunal de aforados, independiente, que juzgue a todos los altos cargos que hoy sólo rinden cuentas ante la Comisión de Acusación, esperamos que los líderes políticos y los miembros de las altas cortes comprendan que no es momento de darle largas a la transparencia que Colombia entera exige.

Es amargo recordar que fue la presión de las altas cortes y de la Fiscalía la que condenó el equilibrio de poderes, donde se incluía la propuesta del tribunal de aforados. Lo mismo no puede repetirse. Ante las graves acusaciones que operan contra exmagistrados sobre corrupción en la Corte Suprema de Justicia, es frustrante saber que el juicio será político y no jurídico. Hay suficiente ilustración histórica sobre cómo la Comisión de Acusación del Congreso es un órgano sin capacidades técnicas, fácilmente influenciable por intereses políticos y que ha condenado a la impunidad los casos más importantes que involucran a altos funcionarios.

Por eso, la idea de un tribunal de aforados, independiente de la influencia política del Congreso y de los líderes de la Rama Judicial, con capacidad de tomar decisiones y con un mecanismo de elección que garantice la idoneidad de sus miembros, es un excelente primer paso para empezar a recuperar la confianza en la justicia.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que apoya la medida. También comentó que habló con los presidentes de las tres cortes y que éstos le dijeron que no tenían temores “a que se reabra el Tribunal de Aforados y propusieron un órgano de autorregulación de las cortes para que los pares, sin perjuicio del Tribunal, puedan proponer unas normas de moralización y de ética dentro de las organizaciones judiciales”.

Las buenas intenciones no son suficientes. En el marco de la reforma política por vía fast-track, los parlamentarios tienen la oportunidad de oro de aprobar una norma que modifique el balance de poderes en las altas esferas del país. ¿Estarán a la altura o seguirán formulando excusas y aplazamientos para que todo siga igual?

Por supuesto, no puede aprobarse cualquier tribunal de aforados. La reforma debe ser contundente y crear mecanismos que en efecto les permitan a los futuros jueces ser independientes y tomar decisiones que garanticen la existencia de una instancia de vigilancia eficiente. Si creamos una institución para que la burocracia siga creando impunidad, poco se habrá hecho.

La declaración del congresista Musa Besayle dejó en evidencia el problema de funcionarios superpoderosos y sin temor a ser investigados. Es cierto lo que se ha dicho: de nada sirve cambiar las instituciones si las personas son las mismas. Pero también es fundamental modificar las instituciones si el sistema permite que las personas se corrompan. Lo explicó la senadora Claudia López en Blu Radio: “Está comprobado que todas las instancias del Estado que tengan altísimo poder, que no rindan cuentas y no tengan juez y ley, se corrompen”.

Colombia necesita el tribunal de aforados. No sólo para juzgar a las manzanas podridas, sino para que la labor de los buenos funcionarios, que abundan, no se vea constantemente manchada por estos escándalos.

 

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