Necesitamos hablar en serio de racismo

Los colegios necesitan ser espacios seguros para la diversidad, por eso es tan importante la pregunta sobre quién los dirige.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Hace apenas dos días, en el marco del reconocimiento de los Afrocolombianos del Año, escribíamos en este espacio sobre los avances de Colombia en la lucha contra el racismo y la necesidad de redoblar esfuerzos para seguir atacando la discriminación y la desigualdad. Hoy tenemos la penosa necesidad de discutir un caso de racismo violento que sufrieron una docente y sus dos hijos en el municipio de Paya (Boyacá). Todo, desde la negligencia institucional, el desdén auspiciado por personas de poder y la creación de una comunidad agresiva en contra de personas solo por el color de su piel, está presente en esta muestra más de los problemas estructurales que enfrenta Colombia.

La docente de inglés Kerlin Sugey Murillo Mena denunció cómo sus hijos y ella misma fueron maltratados en la institución educativa El Rosario. Hablando con W Radio, dijo que “el rector les decía a los estudiantes que no les hicieran caso ni se acercaran a esos micos”, refiriéndose a ella y su familia. “Me tocaba llevar constantemente a los niños a centros de salud donde eran atendidos”, señaló la profesora. “Ante tanta situación, la médica tuvo que activar la ruta de atención integral para casos de bullying, violencia de género y sexual porque la institución hacía caso omiso a todo lo que estaba manifestando de forma verbal y por escrito”.

Los dos niños, de cinco y nueve años, tuvieron fracturas en el cráneo, lesiones en el mentón y en la cara, lesiones en el cuerpo y muestras de acceso carnal. No en vano la vicepresidenta Francia Márquez, en reacción a estos hechos, escribió: “El racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista. Es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad”. Tiene toda la razón.

Lo más angustiante es la desolación institucional. Solo hasta cuando Murillo presentó una tutela pudo ser trasladada de sede. Mientras tanto, con la noticia de lo ocurrido, la institución educativa salió a lavarse las manos, a decir que no hicieron nada malo y a culpar veladamente a los niños y a la madre de supuestos malos tratos. Por eso es fundamental que la Fiscalía priorice e investigue lo ocurrido, para que los responsables no sientan que pueden incurrir en este tipo de violencia y quedar impunes gracias al difícil acceso de las personas afrocolombianas al sistema judicial.

Necesitamos, entonces, seguir hablando de racismo. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dijo que “situaciones de discriminación y racismo como las denunciadas exigen que como sociedad se reflexione frente a la valoración y el respeto por las diversidades”. Los colegios necesitan ser espacios seguros para la diversidad, por eso es tan importante la pregunta sobre quién los dirige y qué tipo de valores le otorga a la institución.

Estamos en una lucha difícil y violenta. Tal vez el atisbo de esperanza es que hay un reconocimiento, desde las cabezas del Estado, de la importancia de traer estos debates a la luz pública y de acompañar a quienes históricamente han sido violentados en medio de un silencio cómplice.

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