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Se ha vuelto común una tragedia que todas las personas en ciudades grandes, y en particular en Bogotá, conocen: en medio de un robo la víctima es asesinada. No tuvimos que buscar mucho para encontrar ejemplos. Hace apenas cuatro días, en inmediaciones de la estación de Transmilenio Héroes, en la capital del país, un joven de 21 años fue agredido con un arma blanca para robarlo. Debido a la herida, murió. Hace una semana un conductor de Uber fue a tomar un servicio en el centro de Bogotá. Quienes lo solicitaron le dispararon para robarle el carro. El video de lo ocurrido se volvió viral por la gravedad y porque muchas personas sienten una terrible impotencia ante este tipo de situaciones que no parecen tener fin. El conductor murió.
Para las autoridades locales y nacionales, hablar de seguridad se suele concentrar en datos. Una de las frustraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, es que siente que no se le ha reconocido la reducción en indicadores como el homicidio. El problema es que la “percepción de inseguridad”, que se ha mantenido alta durante años, responde a agresiones diarias que enfrentan los ciudadanos y que muchas veces no son medidas porque no terminan en tragedias como la muerte. Hay una constante impotencia ante los robos de celulares, por ejemplo, cuyos autores son capturados en flagrancia y el caso no termina en nada en los tribunales. Mientras tanto, las alcaldías se quejan no solo por la falta de policías, sino por un sistema judicial colapsado que no permite tomar acciones contundentes contra los victimarios.
Es urgente una reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. El primer ministro de Justicia de la administración saliente, Néstor Osuna, prometió hacerlo y lanzó varias ideas, pero nunca fue una prioridad para el gobierno ni para el Congreso. Ahora que empieza la presidencia de Abelardo de la Espriella, su ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que buscará eliminar las audiencias de imputación para agilizar procesos y eliminar algunos delitos del Código Penal. Ese tipo de ideas son necesarias y deben ir acompañadas de los aportes de otros involucrados en el sistema. Hablar de megacárceles ayuda a llamar la atención, pero lo único que puede cambiar la percepción de inseguridad es mejorar la capacidad de acción de las autoridades y liberar la carga de los despachos judiciales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de lanzar cinco propuestas alrededor de ese mismo debate. Después de consultar con expertos, sugiere que se aceleren los procesos penales cuando haya flagrancia, se mejore la información de los jueces al momento de tomar decisiones de medidas de aseguramiento, se facilite el acceso de la policía a cámaras de seguridad privadas, se refuerce el delito de concierto para delinquir y se utilicen herramientas de IA para reducir el trabajo documental de los policías. Siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales, son buenas ideas. La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, necesita tomar el liderazgo en esta conversación.
Sabemos que los tiempos del Congreso son lentos y que hay muchos asuntos urgentes en la agenda del próximo presidente. Sin embargo, durante muchos años se han aprobado reformas de populismo penal que no han logrado mejorar en la práctica las herramientas para enfrentar los delitos que más afectan a los colombianos en su vida cotidiana. La legislación tiene que dar respuestas, no montar espectáculos. Las personas tienen miedo y desconfían del sistema judicial, de los alcaldes y de la policía. Hay que corregirlo cuanto antes.
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