Nicolás Maduro desconoce, una vez más, el derecho internacional al querer resolver mediante la anexión un viejo litigio territorial que tiene con Guyana en el Esequibo, el cual se tramita ante la Corte Internacional de Justicia (CJI). El triunfo en un supuesto referéndum consultivo el domingo anterior, que ha dejado grandes dudas sobre la credibilidad del órgano electoral, ha dado paso a su decisión de anexarse por ley dicho territorio, ordenar la movilización de tropas y nombrar como máxima autoridad del recién creado Estado a un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Con el fin de obtener réditos internos, frente a la crisis por la cual atraviesa el país, el dictador venezolano crea un innecesario ambiente de conflicto.
Esta decisión abre una nueva confrontación interna e internacional para Venezuela. En el primer caso, quiere apelar al nacionalismo metiéndose de lleno en un problema territorial con el país vecino. Con un nivel de aceptación del 15 %, Maduro busca generar una situación de conmoción interna, frente a una eventual acción militar, que le permita declarar el estado de excepción y posponer las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024. El Gobierno de los Estados Unidos, que ha impulsado la mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición, presiona al régimen para que cumpla los acuerdos alcanzados.
El domingo, al conocerse las poco creíbles cifras de participación en el referendo, Maduro dijo: “Queremos el rescate pacífico de la Guayana Esequiba. ¡Arranquemos a darle respuesta a un pueblo que (ya) se pronunció!”. El martes, dio a conocer el nuevo mapa oficial del país con el Esequibo ya incorporado, durante un Consejo de Estado y en Defensa de la Nación donde, además, anunció una serie de medidas adicionales para asegurar la posesión del territorio y sus recursos. Previamente había ordenado un despliegue militar hacia Puerto Barima, muy cerca de los límites de la denominada zona en reclamación. De esta manera, se eleva la tensión no solo con Guayana sino con los países que la apoyan, así como con la CIJ. El viernes pasado, la CIJ le había pedido al régimen venezolano que se abstuviera de llevar a cabo acciones que alteren el statu quo en el territorio en disputa, hasta que haya una decisión final.
De otro lado, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), así como indirectamente China y Cuba, respaldan los intereses de la integridad territorial de Guyana. En la zona en disputa, de 166.000 kilómetros cuadrados, viven unas 125.000 personas, en su gran mayoría guayaneses angloparlantes. En esa región selvática hay petróleo, gas y otros recursos naturales de gran valor. Guyana, con los beneficios que obtiene por la explotación que ya viene haciendo la Exxon Mobile con una plataforma marítima, se ha convertido en el país con el mayor ingreso per cápita en la región. Maduro amenazó con darles “tres meses a las empresas que están explotando recursos ahí sin permiso de Venezuela (para) que se pongan a derecho”.
El litigio viene desde 1777, cuando la Capitanía General de Venezuela incluía este territorio que nunca tuvo ocupación efectiva por dicho país, pero sí pasó a ser parte de la Guayana Británica. En un Laudo Arbitral que se dio en 1899 en París se definieron unos límites que Caracas consideró “amañados”. Guyana se acoge a la jurisdicción de la CIJ, sobre la base del Acuerdo de Ginebra, de 1966, tal como lo decidió el secretario general de la ONU ante las negociaciones infructuosas en un territorio sobre el cual ejerce soberanía Guyana.
La oposición venezolana, en cabeza de María Corina Machado, ha rechazado el referendo e insiste en que la vía correcta de resolver este litigio es la de continuar defendiéndose ante la CIJ y no retirarse de la causa, para hacer valer los derechos que Venezuela dice tener sobre el Esequibo. Es la forma correcta de resolver el pleito.
