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La inesperada renuncia de los tres miembros oficialistas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela demuestra una vez más la mala fe del Gobierno para garantizar unas elecciones limpias. El CNE debía organizar para octubre las primarias de la oposición, agrupada dentro de una fragmentada Plataforma Unitaria. Ante el impasse, la Plataforma anunció que está en capacidad de llevar a cabo la consulta por su cuenta, con la posibilidad de que más adelante el régimen no acepte el resultado.
No es la primera vez que Maduro acude a la estratagema de mostrarse dispuesto al diálogo cuando está debilitado para luego hacer trampa e incumplir con los acuerdos logrados. Hace dos años aceptó sentarse a negociar con la oposición, cedió en algunos aspectos que daban la imagen de una apertura gradual y así llegar a las tan ansiadas elecciones válidas con observación electoral. Se conformó entonces un nuevo CNE en el cual se nombró a tres representantes del oficialismo y a dos rectores cercanos a la Plataforma Unitaria. En noviembre de 2021 se llevaron a cabo unas elecciones regionales y locales en las cuales la oposición logró algunos triunfos significativos. La Plataforma aceptó ir entonces a las primarias en octubre de este año, bajo el paraguas del Consejo, con la voz disidente de María Corina Machado y Leopoldo López. Ahora, los hechos les dan la razón.
Maduro se ha fortalecido a escala internacional en los últimos meses. Tras el aislamiento que sufrió, la llegada de Joe Biden y la necesidad de este de buscar una nueva estrategia frente a Venezuela le han dado un nuevo aire. Se trataba de la urgente necesidad de buscar alternativas ante la crisis energética surgida por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y la posibilidad de que una empresa petrolera del país del norte, Chevron, volviera a operar en territorio venezolano. Como gesto de buena voluntad, Washington liberó a dos sobrinos de Cilia Flores, primera dama, que estaban condenados por narcotráfico, mientras que Maduro dejó en libertad algunos presos políticos, reformó el CNE y abrió los diálogos con la oposición en México.
El arquitecto de la nueva aproximación con Maduro ha sido Juan González, consejero de Seguridad Nacional para América Latina, sobre la base de retirar de manera progresiva las sanciones contra Venezuela en la medida en que Caracas dé pasos ciertos que permitan adelantar elecciones limpias. Sin embargo, las movidas más recientes ponen un manto de duda sobre la sensatez de toda la estrategia. Es difícil confiar en la dictadura.
De momento, la Asamblea Nacional nombró una comisión de postulaciones para reemplazar a los miembros oficialistas del CNE, en la cual figura la primera dama Cilia Flores. De esta manera queda claro que el Gobierno no tiene intención alguna de adelantar un juego limpio que permita llevar a cabo elecciones con todas las garantías requeridas. No en vano, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, definió esta situación como “peligrosísima” y solicitó a los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva que, por su cercanía con Maduro, ayuden a frenar “esta maniobra si quieren contribuir a restablecer la democracia”. Deberían escuchar, por el bien de la región, y presionar a Maduro.
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