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Nicolás Maduro es un “demócrata” con suerte. Cuando millones de venezolanos votan en unas primarias para elegir como su contrincante en las próximas elecciones a la líder María Corina Machado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), coincidencialmente, la inhabilita por 15 años. Cuando el posible reemplazo de Machado es Henrique Capriles, quien hace años estuvo a pocos votos de ganarle a Maduro, el TSJ también lo inhabilita. La fortuna, al parecer, le sonríe al líder del régimen venezolano: a pocos meses de unas elecciones presidenciales se queda sin competencia clara y las dos personas con alta posibilidad de vencerlo no van a poder competir. Nada que hacer, dura lex, sed lex, dicen en el Palacio de Miraflores. La autonomía de los jueces se respeta.
Si suena ridículo el uso del sarcasmo en la situación trágica de Venezuela es porque después de décadas de chavismo y de 10 años de régimen autocrático de Nicolás Maduro se acaba la paciencia con lo que ocurre en el vecino país. Es tan evidente la cooptación de todas las instituciones, la infiltración del inexistente equilibrio de poderes, que se normalizó el actuar ruin del presidente y sus áulicos. A pesar de que se le intente poner un disfraz de institucionalidad a lo que ocurre, el resultado siempre es el mismo: la oposición venezolana es perseguida, censurada y aterrorizada, mientras el régimen se victimiza y dice que solo está buscando el cumplimiento de las normas. Para cualquier observador con una pizca de honestidad ideológica estamos ante una dictadura.
Lo vieron República Dominicana, Ecuador y Costa Rica, que en un comunicado conjunto, a propósito de la inhabilitación de Machado, reiteraron “su rechazo a esta medida que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, y se debe asegurar la participación de la persona electa por la mayoría de sus ciudadanos en las primarias”. Lo vio Chile que, a través de su Cancillería expresó “preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”. Lo vio Estados Unidos, que empezó a revivir las sanciones contra el régimen de Maduro. Lo vio la Unión Europea, al denunciar que “decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales solo pueden socavar la democracia y el Estado de derecho”. ¿No lo vio, también, el Gobierno colombiano?
Al cierre de esta edición, ni la Cancillería ni el presidente de la República, Gustavo Petro, se han pronunciado sobre la inhabilitación de Machado y Capriles. Incluso si lo hicieron después de que este editorial se haya ido a impresión, la tardanza ha sido más que elocuente. Para un mandatario que se ha posicionado como defensor de la Carta Democrática Interamericana, que ha recorrido el planeta denunciando las injusticias contra los derechos humanos, su punto débil venezolano es cada vez más problemático.
Entendemos que la estrategia ha sido retomar relaciones diplomáticas con Venezuela por el bien de Colombia, pero el régimen de Maduro ha mostrado poco interés en recobrar la senda democrática, y ante eso no caben medias tintas. Nuestro país no puede convertirse en cómplice.
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