Lo dice en su página web, en sus discursos, en sus conferencias, en sus declaraciones. Y lo repite mucho, como una bandera en su infatigable cruzada para acabar la violencia que se ejerce contra ellos. Así lo hizo esta semana, a través de un duro comunicado de prensa en el que critica las apreciaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal frente al referendo de cadena perpetua contra violadores que ella impulsa.
El estudio de la Comisión —integrada por juristas expertos en temas de Derecho Penal, Constitucional y política criminal— recomienda no aprobar el referendo tanto por razones de forma como de fondo. Sería inconstitucional, dicen, porque la norma no advierte ningún tipo de graduación en la conducta del agresor. Es decir, bajo lo que se firmó, toda persona que mate, viole, lesione o explote sexualmente a un menor, sin alguna otra consideración, tendría cadena perpetua. Esto es inadmisible dentro de nuestro derecho porque, para condenar a un criminal, tienen que tenerse en cuenta ciertas condiciones que dieron origen al hecho. Lo es también alterar en el Congreso el texto de la norma firmada para que quede “se podrá castigar, hasta con cadena perpetua…”, ya que está prohibido cambiar sustancialmente sus palabras y su sentido. Esto último es sabiduría popular: por ese mínimo detalle se hundió, por ejemplo, el referendo reeleccionista.
Pero hay más. La Comisión cita estudios de la muy prestigiosa Human Rights Watch, que indican la leve tasa de reincidencia de los abusadores de menores. Si pueden tratarse social y sicológicamente, ¿para qué meterlos de por vida en las ya hacinadas cárceles colombianas? Y si se trata de un enfermo mental, ¿no iría a parar, con nuestro derecho vigente, a un tipo especial de cadena perpetua dentro de un hospital siquiátrico? Asimismo, la Comisión asegura que la sanción, por su esencia, no permite la resocialización del delincuente, aspecto fundamental dentro de nuestro régimen constitucional. Piden los expertos que, en vez de cambiar la Constitución, se haga énfasis en la eficacia del sistema judicial a la hora de condenar a los responsables.
La senadora responde airadamente, como si se tratara de un ataque personal. No le parece nada. Ataca a la Comisión diciendo que ellos no alcanzan a percibir los graves índices de violencia contra menores; que la norma sometida a las firmas, por “sentido común”, implica una graduación de la conducta; que debieron citarla por ser vocera del proyecto —pese a que no se trata de un debate en el Congreso, sino de un estudio encargado por el Gobierno—; que en su análisis les prestan más atención a los delincuentes, y a sus derechos, que a los niños víctimas de ellos; que con este estudio, así no lo quisieran, irrespetaron a los menores; que ella no puede ser tildada de populista. Y sigue así a través de ocho extensas páginas.
Las recomendaciones que se le hacen, sin embargo, no son, de ninguna forma, una obstrucción a su labor como “senadora de los niños”, sino por el contrario, un paquete de argumentos jurídicos con los que puede entrar en diálogo para seguir adelante con su loable propósito de defensa de los niños. Existen otras vías más allá de la represión y el garrote que se usan para combatir el crimen a nivel mundial. No por los terribles índices de violencia contra menores puede sacrificarse todo el esquema constitucional sobre el que estamos parados. La cadena perpetua es una pena que suena bien ante lo execrables que son los delitos contra los niños, sí, pero resulta desproporcionada, presumiblemente inútil para disuadir al criminal, y no permite la realización de elementos esenciales que harto costaron con la promulgación de una nueva Constitución.