No, el Ministerio de la Igualdad no ha muerto

Preocupa un Gobierno que no reconozca los errores que comete al convertir en proyectos sus propuestas más importantes.

Foto: Presidencia

Las noticias sobre la muerte del Ministerio de la Igualdad han sido muy exageradas. A pesar de los lamentos rimbombantes de miembros del Pacto Histórico, la realidad es que la Corte Constitucional le lanzó un salvavidas al Gobierno nacional. Una vez más, un proyecto importante para la agenda del presidente Gustavo Petro se cae por no cumplir con requisitos mínimos de trámite legislativo. No hay que buscar culpables más allá de la Casa de Nariño y su coalición en el Congreso: si no se toman en serio las normas, van a seguir tropezando con la Constitución. Sin embargo, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, podrá seguir en funciones.

Para la Corte Constitucional, fue gravísimo que el Congreso “no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad”. Este error no tiene arreglo, pues debió haberse subsanado durante el trámite del proyecto de ley. Sin el análisis de impacto fiscal esa cartera no tiene constitucionalidad ni validez. Esto responde a una razón de ser básica y esencial en nuestro Estado de derecho: es fundamental saber cuánto le costará al país la creación de un nuevo ministerio para que los congresistas tomen decisiones informadas. Por eso, el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad.

Pero eso no significa la muerte del Ministerio de la Igualdad. Reconociendo que tumbarlo implicaría “una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional”, la Corte dejó vivo el Ministerio. Le dio hasta el 20 de junio del 2026 al Gobierno para tramitar adecuadamente la ley o, si es el caso, para reasignar las funciones que les correspondían a los miembros actuales del Ministerio. Mientras tanto, la vicepresidenta y ministra Márquez podrá seguir liderando una cartera que este año tiene $1,8 billones de presupuesto.

Entonces, si se trata de una decisión razonable tomada en derecho, ¿la reacción del Gobierno ha estado a la altura de reconocer su error? Si escuchamos a algunos de sus alfiles, no parece haber la disposición de hacerlo. Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, escribió: “Tumban el decreto de emergencia para atender La Guajira; hoy tumban el Ministerio de la Igualdad (...) Tumban todo lo que huela a Justicia Social (sic). No hacen falta comentarios”. Pero sí hacen falta comentarios, director: ¿insinúa acaso que la Corte Constitucional hace parte de una conspiración en contra del Gobierno? ¿No son evidentes las fallas que se cometieron en los proyectos tumbados? ¿O es que las normas no aplican para el Gobierno actual, como sí lo han hecho para todos los gobiernos desde que existe la Corte Constitucional? ¿No es preocupante que un servidor público esté alentando el desprestigio de un alto tribunal?

No está solo el director. Por la misma línea fue Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien dijo: “Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”. No vemos la confusión ni la contradicción. Lo que sí preocupa es un Gobierno que no reconozca los errores que comete al convertir en proyectos sus propuestas más importantes. Lo peor es que la vicepresidenta ya cayó en la misma trampa, al decir: “¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable tenga que desaparecer?”. Eso no fue lo que ocurrió.

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