Pese a la ambivalencia del Ministerio de Salud, a los obstáculos inventados por el sistema de salud, al cruel cambio de parecer del Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) y a la intervención invasiva de la Conferencia Episcopal, hay algo que es claro: la muerte digna es un derecho y gracias a la Corte Constitucional el requisito de terminalidad se ha modificado. Un juez de tutela llegó a esa lógica conclusión, que anunciamos en el editorial pasado sobre el tema. Martha Sepúlveda, quien había solicitado la eutanasia, debe ver cumplido su deseo por orden judicial. No era necesario tanto sufrimiento.
Lo que ocurrió con Sepúlveda es cruel. Después de que le habían concedido la autorización para la eutanasia, ella comenzó los preparativos. Con su familia, diseñaron un plan muy humano. En un acto de valentía, ella decidió contar su historia en Noticias Caracol para mostrar cómo hay otras maneras de afrontar la muerte y las enfermedades degenerativas. Su caso buscaba ser un símbolo de autonomía, un homenaje a la buena vida y un reconocimiento de que hay dignidad también al momento de morir. Todo estaba listo para el procedimiento. Sin embargo, poco más de un día antes, Incodol cambió de parecer.
¿Cuánto estrés se causó en la familia? ¿Cómo se habla de proteger la vida si, en el proceso, están generando más dolor para la paciente y quienes la quieren? No entendimos cuál es el imperativo moral que se protege con una decisión que solo hace sufrir.
Ahora sabemos que las presiones estaban ocurriendo por todos lados. Como suele ocurrir en estos casos, el sistema de salud hace lo posible por obstaculizarlos. El Ministerio de Salud, los mismos médicos y grupos de abogados crearon incertidumbre sobre las consecuencias de llevar a cabo la eutanasia. Incodol publicó un comunicado insinuando que, como en televisión Sepúlveda se veía tan bien, era necesario revaluar su autorización. Todo muy mal.
La Corte Constitucional publicó entera su sentencia y, gracias a una tutela, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Medellín ordenó a Incodol llevar a cabo la eutanasia. Sepúlveda fue clara en una carta publicada en respuesta a la decisión: “Le agradezco al señor juez por haber administrado justicia en forma diligente y por haber protegido mis derechos fundamentales vulnerados por la IPS Incodol. La reafirmación de mis derechos en este momento tan complejo de mi vida me llena de alegría y reafirma mi confianza en la justicia”. En una fecha que no será pública se llevará a cabo la eutanasia.
Sin embargo, persisten los obstáculos. En respuesta al fallo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo: “Lo que pedimos es que la Corte que nos haga aclaraciones sobre la terminalidad; es decir, hasta dónde pueden llegar los médicos, cuáles son los criterios o definiciones para poder instrumentalizar lo que llamamos sufrimiento y dolor”. Eso en la práctica representa más instrumentos burocráticos para que el sistema de salud se burle del derecho a morir dignamente. Una vez más, el tribunal constitucional tendrá que intervenir para que no haya lugar a dudas. Mientras tanto, en este y tantos otros casos, la pregunta persiste: ¿para qué seguir invadiendo un momento tan íntimo como la decisión de morir con dignidad?
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