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Para entender las investigaciones contra la campaña presidencial de Gustavo Petro es necesario hacer distinciones de suma importancia. Por un lado, como se dijo en este espacio en su momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe reconocer que tiene derecho a realizar las indagaciones que considere, pero que cualquier hallazgo que involucre directamente al mandatario debe ser remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, único juez natural de los presidentes en funciones. Por otro lado, por más cuestionables que sean ciertas actuaciones de algunos magistrados del Consejo, eso no da pie para que el presidente Petro insista una y otra vez en el discurso del golpe de Estado. Hacerlo es tensionar la institucionalidad, calentar los ánimos nacionales y, además, es una lectura incorrecta de lo que está ocurriendo.
La investigación del CNE contra la campaña Petro revivió después de varios meses congelada. Como se supo en su momento, los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), insisten en que son $5.400 millones los que no cuadran en las cuentas de la campaña. Para sumarle a la discusión, el periodista Daniel Coronell publicó en Cambio una factura emitida por Caracol Televisión por publicidad electoral que no habría sido registrada de manera correcta como gasto de primera vuelta, lo que también aportaría a la violación de los topes. Es decir, hay múltiples sospechas sobre el cumplimiento de las normas electorales.
Aquí, sin embargo, es donde todo el tema se complejiza. En reacción a las noticias, el presidente Petro utilizó su cuenta de X para contraatacar: “Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla”, escribió. Después dijo que del pueblo depende que “el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”. El mundo político, y en particular miembros de la oposición, reaccionaron con indignación. En síntesis, las críticas apuntan a por qué hablar de golpe de Estado y de lucha popular en un problema que se puede resolver dentro del marco de la institucionalidad. Estamos de acuerdo.
Entonces, es necesario hilar fino. ¿El CNE tiene la potestad jurídica de investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro? Así es. ¿Hay motivos para creer que hubo violaciones a los topes electorales y el país necesita saber qué ocurrió? También es cierto, pues las normas existen para proteger la democracia, y nadie está por encima de ellas. ¿Puede el CNE tomar acciones, en caso de que lo considere necesario, contra miembros de la campaña como el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa? Sí, es su juez natural. ¿Puede, entonces, tumbar al presidente Petro? La respuesta es un rotundo no. Aquí es donde nos parece que las intenciones de los magistrados ponentes son problemáticos. Por fortuna, no obstante, contra cualquier abuso de poder que pueda ocurrir hay toda una institucionalidad jurídica que puede activarse. Las normas son para todos, eso incluye a los magistrados del CNE.
No es un golpe de Estado investigar al presidente. No es momento de llamar a movilizaciones, tampoco. El mandatario debe presentar sus pruebas, como lo ha hecho, y confiar en la institucionalidad a la que representa. Incluso si hay intentos de saltarse las normas procesales, como la del juez natural, la institucionalidad misma lo protege. Es tiempo de cabeza fría y prudencia, no de arengas tuiteras.
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