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El presidente de la República, Gustavo Petro, parece haberse rendido prematuramente en su intento por impulsar sus reformas en el Congreso de la República. Nuevamente insiste en el “poder constituyente” para que un “acuerdo nacional” se encargue de plasmar en la Constitución el contenido de sus reformas, pero esta vez lo presenta en el marco de un referendo. Es curioso que el primer presidente de izquierda del país esté caminando las mismas vías que tomó en su momento el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, cansado de tener que tramitar sus proyectos en el Legislativo, gastó buena parte del inicio de su primer mandato en un referendo que ni siquiera alcanzó el umbral electoral.
En una publicación reciente en su cuenta de X, el presidente dijo que el poder constituyente que lleva varias semanas invocando “no necesariamente es una constituyente”, sino “permitir que la sociedad se exprese y decida ella misma a través de asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente, etc”. En su opinión, un referendo puede ser la oportunidad de permitir que el pueblo se manifieste sobre una reforma agraria, otra política, otra judicial, otra a la salud, otra pensional, otra a la educación, otra laboral, otra al ordenamiento territorial y que también cree herramientas sobre la crisis climática. Si eso suena muy similar al plan de gobierno del presidente Petro es porque en efecto lo es, pero eso no es nuevo: desde el principio ha sido claro en que su idea de constituyente es que el voto popular le apruebe las propuestas que no ha podido tramitar en el Congreso. Lo que sí es novedoso es la idea de buscar un referendo, lo que puede significar que la Casa de Nariño está viendo muy difícil y costoso convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El problema es que un referendo no es mucho mejor. Primero, es evidente que el presidente lo quiere convocar porque su estrategia política sigue fracasando en el Congreso. De ser así, se sienta un precedente: todo mandatario que no pueda aprobar su plan de gobierno se volcará a una campaña perpetua en las calles para que estas refrenden sus propuestas. La democracia no funciona así y los mecanismos de participación popular, aunque son valiosos, no pueden reemplazar a las tres ramas del poder público. Segundo, y quizás este es el argumento que debería persuadir a la Casa de Nariño, concentrarse en un referendo es dejar de gobernar en los dos años largos que le quedan. Un referendo es costoso e implica la total atención presidencial, mientras que se lleva todos los reflectores del debate público. ¿Entonces las propuestas de reforma que aún se tramitan en el Legislativo deben darse por perdidas? Tercero: puede ser mucho esfuerzo para nada. En Colombia los referendos y plebiscitos tienden a hundirse por la falta de participación popular. ¿Es una apuesta que en verdad queremos hacer en este momento?
El presidente no debería perder el valioso tiempo de gobierno que tiene en globos constituyentes. Sin embargo, parece que es inevitable. La frustración con el Congreso, a pesar de que ha quedado en evidencia que sí hay maneras de obtener triunfos legislativos, lo ha llevado a atrincherarse en el populismo. Eso funciona en los discursos, pero administrar requiere pragmatismo y, ante todo, resultados. No es momento de un referendo, sino de gobernar.
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