No estuvimos a la altura

Las víctimas del conflicto armado en regiones históricamente marginadas tienen en vilo su representación política, porque el Congreso y el Gobierno fueron incapaces de construir una mayoría contundente. El problema sobre las circunscripciones especiales de paz en el Legislativo es un resumen de la implementación del acuerdo de La Habana: parlamentarios irresponsables, una oposición arrogante y oportunista, un Gobierno atado de manos y una serie de proyectos aprobados que, en vez de obtener legitimidad democrática, están condenados a ser cuestionados en el debate público electoral. No estuvimos a la altura.

El Espectador
03 de diciembre de 2017 - 02:00 a. m.

Las 16 circunscripciones se pensaron con el objetivo de darles representación política a regiones marginadas por culpa del conflicto armado. Como la idea era prohibir la participación de los partidos políticos en las elecciones de esas zonas, incluyendo al movimiento de las Farc, era una propuesta para que la población civil pudiera llegar al Congreso. Apenas justo.

Sin embargo, desde el principio a varios parlamentarios les molestó que se negara la participación de los partidos, y otros promovieron la idea de que era una trampa para darles más curules a las Farc. Perdida en medio de tanto ruido quedó la idea esencial: esta era una oportunidad para que el Estado reconociera su ausencia histórica y les diera voz política a quienes llevan demasiados años callados.

El jueves, último día del atropellado fast track en el Congreso, se anunció que las circunscripciones no habían sido aprobadas. Recibieron 50 votos a favor y siete en contra, pero no alcanzaba a ser mayoría en un Senado de 102 parlamentarios. El Gobierno se lamentó en voz alta, la oposición estalló en aplausos y abundaron las denuncias de haberles fallado a las víctimas.

No obstante, dado que hay tres senadores tras las rejas (Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile y Martín Morales, todos de la U), un tiempo después el Gobierno dijo que el proyecto sí había sido aprobado. Como explicó el presidente Juan Manuel Santos, “la Corte Constitucional dijo que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno. La mayoría de 99. Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica la silla vacía. O sea que el número de senadores pasa de 102 a 99. Fueron 50 votos y 50 hacen mayoría de 99. Esa es la realidad. Las cuentas aritméticas son impecables, entonces esa reforma fue aprobada”. Esta posición parece estar respaldada por las sentencias C-784 de 2014 y SU-221 de 2015 de la Corte Constitucional, por lo que es sólida. Además tiene todo el sentido que los senadores presos no se cuenten dentro del quórum.

Dicho eso, es penoso tener que estar haciendo cuentas tan apretadas. ¿Dónde estuvieron Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Sandra Villadiego y Eduardo Pulgar, de la U? ¿Se les acabó el compromiso por la paz? ¿Por qué el Gobierno fue incapaz de mantener los consensos que anunció con rimbombancia recién firmó los acuerdos? ¿Cómo fueron capaces tantos parlamentarios de jugar al chantaje con la paz? ¿Es incapaz el Congreso de dar discusiones ideológicas sin esperar prebendas a cambio?

Si el Congreso no acepta el argumento del Gobierno, será la Corte Constitucional la encargada, una vez más, de dirimir el asunto. Pero, incluso si se aprueban las circunscripciones, queda el sabor amargo de que la pelea más importante se perdió. Después del plebiscito, el proceso de implementación tenía que dotar de legitimidad los acuerdos para blindarlo ante la ciudadanía. Por el contrario, lo que ahora tenemos son una serie de proyectos aprobados a la fuerza y un país más polarizado. Viene un año muy difícil para la paz. Y para el país.

 

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Por El Espectador

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