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Sin supremacía del Estado no hay sometimiento posible de los grupos al margen de la ley. Después de meses de críticas sobre la ausencia de una política de seguridad que respondiera a las denuncias ciudadanas, el presidente Gustavo Petro llegó a la necesaria y acertada decisión de enviar un ultimátum a todos los delincuentes de Colombia. “He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado domingo. Y agregó: “Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”. No había otro camino posible para el Gobierno.
Es una lástima que el Clan del Golfo y otros grupos criminales no aprovecharon la generosidad que el Gobierno expresó desde que llegó Gustavo Petro a la Presidencia. Su apuesta por la paz total llevó a un cese bilateral terminando el año pasado y es parte de un esfuerzo monumental por acabar la violencia en el país. Sin embargo, una y otra vez quedó en evidencia que no había voluntad de cesar las actividades criminales. En su Twitter, el presidente dijo que “el ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego”, pero desde antes venía el descontento por el actuar de este grupo. Un día antes el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, escribió que “se presentó la quema de por lo menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca”. Esto, en el marco de un paro minero influenciado por los narcotraficantes de la zona.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue inequívoco: “Existe suficiente evidencia para afirmar que el Clan del Golfo es el autor directo de la violencia desatada hoy en Tarazá y que es el responsable del hambre que sufre la población del Bajo Cauca, a la que además ha sometido a presiones y amenazas. No tenemos ninguna duda de ello”. Por eso anunció el envío de 10.000 uniformados, “y si hay que incrementar el apoyo, se hará”. Falta esperar en los próximos días cómo el aumento de tropas modifica la situación de orden público y cuál es el plan a largo plazo.
En todo esto tiene razón el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al decir que “si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios”. Varios analistas en seguridad lo han dicho en múltiples ocasiones: si el Estado abandona sus labores de protección, es imposible alcanzar la paz y los ciudadanos sufren.
Esto no significa el fin de los esfuerzos de paz ni mucho menos un motivo para que el proyecto de ley de sometimiento, presentado finalmente en el Congreso, tenga que obstaculizarse. Al contrario, es un momento de cambio de paradigma para un Gobierno que está viendo cómo es necesario que la fuerza del Estado se haga sentir para que los criminales vean los incentivos para someterse a la justicia. Es la frustrante realidad de un país en donde la apuesta por la paz no puede abandonar las garantías de seguridad para la población.
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