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21 Sep 2022 - 5:00 a. m.

No había que patear la mesa para aliviar las tarifas de energía

La buena disposición que mostraron todos los actores para hacer ajustes respetando la institucionalidad debe seguir guiando la política energética en adelante. / Imagen de referencia: Getty Images/iStockphoto
La buena disposición que mostraron todos los actores para hacer ajustes respetando la institucionalidad debe seguir guiando la política energética en adelante. / Imagen de referencia: Getty Images/iStockphoto
Foto: Getty Images/iStockphoto - Peach_iStock

El gobierno nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y las empresas del sector anunciaron un acuerdo para controlar el incremento inusitado de los precios de la energía en Colombia. Es una buena noticia para el sector y un respiro para los consumidores, aunque solo en el corto plazo. Hacen falta reformas más profundas, y en el Caribe, la región más afectada, persisten problemas crónicos sin solución. Como afirmó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez: “Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización”. Veremos qué tanto espacio hay para conseguirlo.

Tras un anuncio intempestivo del presidente Gustavo Petro, se temía que el Gobierno efectivamente interviniera la CREG, asumiera sus funciones y terminara regulando los precios de la energía siguiendo lineamientos más políticos que técnicos. Ese escenario generó nerviosismo en el sector, porque podría poner en riesgo su viabilidad financiera. Sin embargo, fue la concertación dentro el marco institucional existente lo que permitió este acuerdo, con el cual retornó la tranquilidad a empresas e inversionistas. Intervenir nunca pareció una solución acertada, legalmente viable o siquiera necesaria, teniendo en cuenta que el presidente ya cuenta con la competencia para dictar la política energética del país. La buena disposición que mostraron todos los actores para hacer ajustes respetando la institucionalidad vigente debe seguir guiando esa política en adelante.

Las reformas acordadas se materializarán por medio de tres resoluciones emitidas por la CREG. La primera, proyectada a 12 meses, busca involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas y aliviar la carga de los comercializadores (los que recaudan el dinero de las tarifas). La segunda busca optimizar la operación de las plantas termoeléctricas. Finalmente, con la tercera resolución se ordenan modificaciones en el criterio con el que se actualizan las tarifas, para aliviar la carga en toda la cadena. A largo plazo habrá un nuevo indicador específico para el sector eléctrico que tendrá en cuenta “cada segmento de la cadena productiva”, pues el actual no necesariamente refleja las variaciones en los costos de los servicios de energía.

Todas estas medidas han sido calificadas como positivas en el corto y mediano plazos, y el Ministerio de Minas y Energía prometió que los colombianos empezarán a sentir un alivio en las facturas a partir de noviembre. Sin embargo, expertos advierten que la reducción no será considerable ni permanente y los precios podrían apenas estabilizarse.

Hacen falta soluciones de fondo y de largo plazo, sobre todo en el Caribe. Esta región concentra todos los problemas en el servicio de energía, y así ha sido durante años, más allá de la inflación energética que enfrenta el mundo actualmente. Se habla mucho de las pérdidas no técnicas achacadas a los robos de energía (que deben asumir los usuarios), pero también está la herencia nefasta que dejó Electricaribe, la gestión ineficiente de algunos operadores y los cobros excesivos para suplir las deficiencias por el abandono crónico de las redes y la infraestructura. Con un aumento del 40 % o más en las tarifas (frente al 25 % en el resto del país), la situación allí es crítica y muchas familias se enfrentan al dilema de comer o pagar el recibo de la luz. Encontrar soluciones adecuadas —viables para las empresas y en beneficio de los usuarios— debe ser la próxima prioridad.

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