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“Lo cometido por los excombatientes de las Farc no fueron errores, sino que son crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”. Son palabras de Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Son, además, un momento histórico: la primera de varias conclusiones que la justicia transicional hará sobre los años de conflicto armado. Dos años y medio después de su fundación, y a pesar de la hostilidad política e institucional a la que ha sido sometida, la Jurisdicción Especial para la Paz demuestra su importante aporte a la reconciliación del país. También deja claro que su rol no es el de repartir impunidad, como dicen sus críticos, sino hacer un estudio juicioso y agudo de las responsabilidades por los crímenes que se cometieron.
La JEP empezó acusando al Secretariado de las extintas Farc y, al hacerlo, les envió un mensaje a todos los que han intentado obstaculizar su trabajo: este no iba a ser un tribunal de indulgencias. Era fácil advertirlo, si tan solo el ambiente político colombiano no estuviera envenenado por tanto odio, polarización y aversión interesada a la verdad. Desde su formulación, la Jurisdicción se llenó de personas idóneas, con carreras ejemplares y sin intereses sospechosos. En la justicia transicional, que por supuesto ha tenido sus tropiezos, hay un ejemplo de cómo en Colombia sí pueden construirse instituciones que obtienen legitimidad a punta de su actuar transparente. Pero, claro, unir al país en torno a un esfuerzo conjunto por la paz nunca ha dado los suficientes réditos políticos. Por eso cada tanto tenemos que insistir en que no se abandone lo pactado ni se sabotee la institucionalidad surgida de ese pacto.
La primera acusación de la JEP fue sobre secuestros. Tiene un significado especial que así haya sido. Además de ser el Caso 001, se trata de uno de los crímenes de guerra que más traumas y heridas causó en Colombia, con las imágenes de las personas secuestradas, las amenazas extorsivas a sus familiares, los rescates fallidos, la sensación de que no había colombiano que pudiese escapar de la crueldad de las Farc. La JEP identificó 21.396 víctimas, pero el mismo tribunal reconoce que el número es impreciso, pues se trató de un delito que no se denunció siempre. Una sola víctima hubiese sido suficiente para que Colombia entera sufriera: y así fue, una y otra vez, a través de las imágenes de las pruebas de supervivencia, de los relatos de los liberados. Nuestro país y sus esperanzas de paz agonizaron decenas de miles de veces con cada caso de secuestro.
En respuesta a la acusación, el Secretariado confirmó su compromiso con la paz. Así debe ser. También deberían aceptar cargos para que se avance con velocidad. Colombia necesita empezar a culminar procesos, ver en la práctica las consecuencias de los crímenes cometidos. La justicia transicional no puede ser venganza, por supuesto, pero sí debe tener un aspecto punitivo. Ese fue el acuerdo, histórico en el mundo, por cierto, al que llegaron el Estado colombiano y las Farc. Vendrán más decisiones. Vendrán los informes de la Comisión de la Verdad. Tanto silencio por fin empieza a interrumpirse. Eso es de celebrar.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Cómo se vería el país y el proceso de justicia transicional con un Gobierno verdaderamente comprometido con respaldar a las instituciones creadas en el Acuerdo? ¿Cómo se recibiría esta noticia sin los resentimientos promovidos desde el partido de gobierno? Aún hay tiempo de cambiar de discurso, de apostarle a la paz. Hoy, más que nunca, es un imperativo moral.
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