No más útiles inútiles

Son indignantes las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación sobre los “útiles escolares” que algunos colegios, usualmente de carácter privado, les exigen a sus estudiantes. Las medidas de prevención y eventual sanción tomadas por la ministra Gina Parody son bienvenidas y necesarias, pues es común que las instituciones educativas aprovechen su posición de poder sobre los padres de familia e incumplan las normas. Es esencial empoderar a los estudiantes para que conozcan cuáles son sus derechos y denuncien los casos de abusos.

La lista de los útiles exigidos va desde lo extraño (machetes, azadones, detergente, harina de trigo...) hasta otros que, por su naturaleza, dejan entrever que se utilizan para reducir sus propios gastos (traperos —sí, ¡traperos!—, papel higiénico, resmas de papel...). En otras ocasiones, las exigencias buscan lucros personales: en La Guajira, por ejemplo, se detectó un maestro que exige la compra de un libro escrito por él y, según se ha conocido, él también es dueño de la imprenta que reproduce el texto. Faltaba más.

Por eso, las reglas de juego tienen que estar claras y ser conocidas por todos los involucrados. Es fundamental que los padres entiendan que las regulaciones del Ministerio de Educación también aplican para las instituciones privadas, las cuales, además de ser las principales denunciadas por los útiles escolares abusivos, también suelen incrementar las tarifas de matrículas y pensiones por encima de los límites establecidos. Para el 2016, el incremento debe estar entre el 4,46 % y el 6,36 %. Cualquier colegio que sobrepase esa cifra debe ser reportado.

Según la Circular 01 de 2016, los colegios no pueden obligar a que se compren todos los útiles al principio del año (deben dar un cronograma de actividades y necesidades para que los padres se programen), ni exigir marcas específicas para los útiles. Tampoco deben entregarse los útiles para que sean administrados por la institución; estos deben permanecer en casa y ser llevados a medida que sea pertinente. Además, los textos exigidos no pueden ser cambiados antes de tres años, lo que facilita el mercado de lo usado y el uso por varios miembros de la familia, de ser el caso. Los colegios tienen prohibido vender uniformes y textos, salvo que no puedan conseguirse en el mercado. Y, más importante, ningún estudiante puede ser retirado de la institución si su situación económica no le permite comprar el uniforme exigido.

La ministra Parody dijo que “los materiales que se pidan deben estar estrictamente orientados a apoyar el proceso educativo”. Es lo justo y atiende al sentido común. Para quienes incumplan, el Ministerio tiene la potestad de imponer multas desde $32 millones hasta $128 millones y, si hay reincidencia, las instituciones pueden ser clausuradas. Ojalá el correo habilitado para denuncias por el Ministerio (utilesinutiles@mineducacion.gov.co) permita la sanción de los colegios infractores y que, por fin, se abandonen esos requisitos.

El tema no es de menor importancia. Los costos innecesarios amenazan el derecho de los menores a recibir una educación de calidad, tanto más en un año de retos financieros. Las instituciones privadas tienen una responsabilidad constitucional y no pueden pretender ser ajenas a esta discusión.

Lo más preocupante es que, pese a los esfuerzos del Ministerio, es probable que los abusos en varias zonas del país se sigan presentando por la ausencia de denuncias. El 2015 fue un año de muchos escándalos alrededor de la educación y el cuidado de los menores en el país, que demostró cómo, especialmente en las regiones, hay redes que quieren aprovecharse de los recursos del Estado y de las familias. Por eso, en esta época de inicio de clases, es deber de todos los colombianos estar atentos de cualquier violación a las normas. De las denuncias depende crear un mejor ambiente educativo. El país lo necesita.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Son indignantes las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación sobre los “útiles escolares” que algunos colegios, usualmente de carácter privado, les exigen a sus estudiantes. Las medidas de prevención y eventual sanción tomadas por la ministra Gina Parody son bienvenidas y necesarias, pues es común que las instituciones educativas aprovechen su posición de poder sobre los padres de familia e incumplan las normas. Es esencial empoderar a los estudiantes para que conozcan cuáles son sus derechos y denuncien los casos de abusos.

La lista de los útiles exigidos va desde lo extraño (machetes, azadones, detergente, harina de trigo...) hasta otros que, por su naturaleza, dejan entrever que se utilizan para reducir sus propios gastos (traperos —sí, ¡traperos!—, papel higiénico, resmas de papel...). En otras ocasiones, las exigencias buscan lucros personales: en La Guajira, por ejemplo, se detectó un maestro que exige la compra de un libro escrito por él y, según se ha conocido, él también es dueño de la imprenta que reproduce el texto. Faltaba más.

Por eso, las reglas de juego tienen que estar claras y ser conocidas por todos los involucrados. Es fundamental que los padres entiendan que las regulaciones del Ministerio de Educación también aplican para las instituciones privadas, las cuales, además de ser las principales denunciadas por los útiles escolares abusivos, también suelen incrementar las tarifas de matrículas y pensiones por encima de los límites establecidos. Para el 2016, el incremento debe estar entre el 4,46 % y el 6,36 %. Cualquier colegio que sobrepase esa cifra debe ser reportado.

Según la Circular 01 de 2016, los colegios no pueden obligar a que se compren todos los útiles al principio del año (deben dar un cronograma de actividades y necesidades para que los padres se programen), ni exigir marcas específicas para los útiles. Tampoco deben entregarse los útiles para que sean administrados por la institución; estos deben permanecer en casa y ser llevados a medida que sea pertinente. Además, los textos exigidos no pueden ser cambiados antes de tres años, lo que facilita el mercado de lo usado y el uso por varios miembros de la familia, de ser el caso. Los colegios tienen prohibido vender uniformes y textos, salvo que no puedan conseguirse en el mercado. Y, más importante, ningún estudiante puede ser retirado de la institución si su situación económica no le permite comprar el uniforme exigido.

La ministra Parody dijo que “los materiales que se pidan deben estar estrictamente orientados a apoyar el proceso educativo”. Es lo justo y atiende al sentido común. Para quienes incumplan, el Ministerio tiene la potestad de imponer multas desde $32 millones hasta $128 millones y, si hay reincidencia, las instituciones pueden ser clausuradas. Ojalá el correo habilitado para denuncias por el Ministerio (utilesinutiles@mineducacion.gov.co) permita la sanción de los colegios infractores y que, por fin, se abandonen esos requisitos.

El tema no es de menor importancia. Los costos innecesarios amenazan el derecho de los menores a recibir una educación de calidad, tanto más en un año de retos financieros. Las instituciones privadas tienen una responsabilidad constitucional y no pueden pretender ser ajenas a esta discusión.

Lo más preocupante es que, pese a los esfuerzos del Ministerio, es probable que los abusos en varias zonas del país se sigan presentando por la ausencia de denuncias. El 2015 fue un año de muchos escándalos alrededor de la educación y el cuidado de los menores en el país, que demostró cómo, especialmente en las regiones, hay redes que quieren aprovecharse de los recursos del Estado y de las familias. Por eso, en esta época de inicio de clases, es deber de todos los colombianos estar atentos de cualquier violación a las normas. De las denuncias depende crear un mejor ambiente educativo. El país lo necesita.

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