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Los discursos apocalípticos en torno a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional son exagerados. Si solo escucháramos las voces de la oposición política, el Congreso acaba de sellar el fin de la democracia, garantizar la reelección del presidente Gustavo Petro y condenarnos a un futuro similar al de Venezuela. No exageramos. Los líderes de los partidos antigobiernistas dijeron que Miguel Polo, nuevo magistrado, equivale a entregarle la joya de la corona a un proyecto autoritario; formulan que lo ocurrido esta semana es el triunfo de la ideología por encima de la independencia judicial. Nada de eso es realidad.
Para comenzar, ninguno de los tres candidatos nominados por el Consejo de Estado pueden clasificarse como liberales. Ideológicamente, estaban en un espectro de conservatismo. Desde Claudia Dangond, que tenía preocupantes posiciones antiderechos, en contravía de la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, y que no tuvo vergüenza alguna en manifestar en público que el actual presidente Petro tiene “un raye”, un acto a todas luces descalificador para una persona que pretende representar la institucionalidad. Hasta Miguel Polo, el eventual elegido, que al lado de Dangond se veía mucho más moderado, pero que en todo caso está lejos de ser equiparable a la larga historia de juristas liberales ejemplares que han hecho de la Corte Constitucional un referente mundial. Sí, el presidente Petro salió a cobrar el triunfo de Polo, pero, observando los hechos, esto se debe a que se evitó lo que en la Casa de Nariño veían como un mal mayor, retratado en la agresividad ideológica de Dangond.
Sabemos que pedirle mesura a la oposición es irrisorio, más en vísperas de un año electoral. Sin embargo, no deja de ser lamentable que cualquier tipo de discusión institucional se convierta en una oportunidad para hacerles creer a los colombianos que estamos ante una amenaza existencial. Especialmente porque el Consejo de Estado optó por candidatos conservadores y porque todos los juristas nominados contaban con suficientes capacidades para llegar a hacer un buen trabajo. Insinuar que la Corte Constitucional se va a convertir en cómplice de un golpe institucional es una ofensa contra los magistrados actuales, contra la historia de la institución y contra la realidad de las personas que van a entrar a ocupar esos cargos. Adicionalmente, la Casa de Nariño parece haber abandonado su obsesión con una constituyente y no hay indicios de querer modificar los tiempos presidenciales. Si eso cambia, habrá que hacer una denuncia pública, pero siempre sobre hechos verificables.
El magistrado Polo llega a la Corte Constitucional con la misma obligación de todos sus antecesores: marcar distancia de sus electores, mostrar independencia y aportar para respaldar la reputación de la Corte. Ya lo ha hecho en más de una década como magistrado auxiliar. Si algo se le puede pedir es que reconozca la importancia de construir consensos con los otros magistrados más allá de la ideología y de respetar la jurisprudencia que ha hecho tan valioso el trabajo de la Corte. Con el recambio que viene en el alto tribunal, es urgente garantizar su rol como pieza esencial de nuestra democracia. Más allá del ruido político, eso es lo que importa de esta elección.
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