Habrá que esperar al avalúo que se haga de los mismos y un largo proceso para venderlos o convertirlos en efectivo, pero las cuentas razonadas que presenta el liquidador indicarían que, si se recuperan los activos y se cobran las deudas, el faltante sería no inferior a $120.000 millones, sin tener en cuenta tasas de cambio ni intereses.
¿Qué se pretende, entonces, con estas alegres cuentas? Luce evidente: sugerir que hay fondos suficientes, porque con esa afirmación aspiran —Jaramillo y su compañero coautor del estropicio, Juan Carlos Ortiz— sustentar la solicitud de que la Fiscalía apruebe un principio de oportunidad en virtud del cual no se les acuse por el delito más grave y con ello obtengan, a través de una benévola sentencia judicial, no solo la posibilidad de pagar casa por cárcel, sino de irse a seguir manejando sus negocios por computador sin reparar con un peso propio —el grueso de los bienes embargados eran de otro procesado, Víctor Maldonado— a las víctimas afectadas.
La Fiscalía debe analizar cuál puede ser la justificación para que quienes no están aportando realmente un peso a la reparación de las víctimas sustenten esa solicitud. Aun si Víctor Maldonado pagara los $140.000 millones que se afirma está dispuesto a asumir, ello apenas equivaldría a las sumas que sus compañías le debían al Fondo Premium. Con su pago solo se estaría cancelando el pasivo comercial a su cargo. Pero tanto él como sus corresponsables Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz tendrían cada uno que sacar de sus propios recursos para cubrir el faltante. Y saber que la misma ley penal ha previsto mecanismos para que quienes se han enriquecido a costa de los demás paguen no menos del 50% del daño y gocen de un plazo para pagar el saldo. Si no lo hacen, la Fiscalía, que ha realizado una tarea encomiable, tendrá que abstenerse de tramitar un principio de oportunidad como, afortunadamente, el señor vicefiscal general lo anunció públicamente. En caso contrario, lo que se haría sería convertir el mentado principio de oportunidad en una garantía de impunidad.
Tal inadmisible posibilidad no puede permitirse, porque se desperdiciaría uno de los pocos casos en los cuales la justicia está en condiciones de presionar en forma legítima a los delincuentes para reparar a las víctimas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros de vida, sus ahorros de vejez o parte sustancial de los que habían constituido para realizar sueños que quedaron frustrados con la defraudación. De lograrse la reparación, en cambio, no solo se habría obtenido un resultado ejemplarizante, sino que el Estado se liberaría de las enormes contingencias derivadas de la eventual prosperidad de acciones de responsabilidad en su contra.
Mucho ha avanzado la justicia en este proceso como para que al final las víctimas queden a un lado y se abra paso la impunidad.
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