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Desde casa, en medio de la cuarentena, no podemos dejar pasar que hoy es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Todavía somos un país con montones de investigaciones abiertas, procesos que no han tenido fin, personas pidiendo ayuda de las autoridades, violencias que revictimizan, reparaciones pendientes y líderes sociales masacrados. Todavía el lenguaje que utilizamos para describir el dolor del conflicto se siente vigente. No podemos olvidar de dónde venimos, dónde estamos y todo el camino que resta adelante, aunque el mundo entero esté en caos y la crisis del coronavirus colme todos los espacios noticiosos.
Colombia es un país de heridas abiertas. Casi a diario, además, se siguen abriendo nuevas. No deja de ser frustrante que quienes le siguen apostando a la institucionalidad, a pesar de que han sido violentados en el pasado, a pesar de que la impunidad ha sido ley, a pesar de que los esfuerzos por establecer una justicia transicional y restaurativa han sido obstaculizados a cada paso, sigan siendo los más perseguidos. La cifra que aumenta y aumenta de líderes sociales asesinados, ante la ineficiencia estatal, ante los organismos que denuncian sin poder hacer mucho más, es un recordatorio de que no podemos cumplir con las protecciones más básicas de la vida humana.
El conflicto fue y ha sido variopinto. Son 8’970.712 víctimas registradas en la Unidad de Víctimas. Gran parte de estas personas, 7’992.981, han sufrido desplazamiento forzado; alrededor de un millón han sido víctimas directas de homicidio; 491.357 de amenazas, y 37.372 fueron víctimas de secuestro. Casi un quinto de la población total del país es víctima, las otras cuatro quintas partes son víctimas indirectas. Nadie, sin importar ideologías o privilegios, ha sido ajeno al dolor que durante muchos años ha sido sinónimo de nacer y vivir en Colombia.
Antes de que el COVID-19 se convirtiese en el enemigo urgente, en el país todavía se daban debates dolorosos: la restitución de tierras ha estado pasada por sangre y políticos oportunistas, las curules de las víctimas se hundieron, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene enemigos por doquier, el Centro Nacional de Memoria Histórica se asfixia en sus dogmatismos negacionistas, y así, poco a poco, se van acumulando nuevas afrentas contra las víctimas.
No obstante, las víctimas persisten. Es lo que saben hacer. Los colombianos hemos aprendido resiliencia gracias a ellas, a sus historias, a su apuesta por la paz; por sanar los recuerdos del pasado para crear un futuro mucho más solidario.
Por eso, el llamado hoy es a prender una vela desde las casas. La Comisión de Paz del Congreso sesionará, de manera virtual, para cumplirles su cita a las víctimas. Es lo mínimo que podemos hacer para reafirmar el compromiso con una Colombia reconciliada.
Como dijo en Colombia 2020 de El Espectador Olga Lucía Cruz, una mujer de 53 años, oriunda del Meta y víctima del conflicto armado: “Nadie debe atentar contra la vida y la integridad de otra persona, nadie es el dueño de la vida de nadie. No puede haber más desaparecidos y muertos. Necesitamos dejar de ver a tanto victimario pavoneándose tranquilo por las calles porque la justicia no hace nada. A las familias les digo que no dejen de buscar a sus seres queridos, por más que el victimario sea grande y poderoso, porque ellos valen más para nosotros”. A ver si cumplimos.
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