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A más de un mes de iniciado el paro nacional, ¿cómo conseguimos que los procesos comunitarios y los reclamos sociales no terminen secuestrados por la violencia creciente y los efectos de los bloqueos? Es necesario encontrar, cuanto antes, válvulas de escape que conduzcan los importantes esfuerzos que se han visto en el país y que superan los ámbitos de acción del Comité del Paro y del mismo Gobierno Nacional. No podemos permitir que este grito de inconformismo y demandas justas de transformación termine silenciado, como tantas veces en el pasado, a sangre y fuego. Para eso tenemos que llegar, y pronto, a un punto final que permita tramitar las frustraciones más profundas.
¿Para qué ha servido este mes? Dependiendo de a quien se le pregunte, las respuestas a ese interrogante empiezan a mostrar una Colombia dividida, adolorida, confundida y lejos de llegar a una solución al paro nacional y sus desarrollos. Es una lástima, pues la ambición de las manifestaciones sociales habla de un país, y en especial de una juventud, con profundos intereses en construir una Colombia menos desigual. Contar la historia de lo ocurrido en el último mes sin mencionar las múltiples expresiones pacíficas, los esfuerzos comunitarios por elaborar propuestas, los gritos de denuncia que han evidenciado atrasos de décadas, sería un acto en extremo injusto, también equivocado. Mayo nos mostró una Colombia que clama por reformas estructurales.
Sin embargo, los saldos de los últimos días han mostrado que la violencia comienza a tener un protagonismo perverso. Al número impresionante y preocupante de denuncias por violencia policial se suman ataques a la fuerza pública y a edificios y otras propiedades. Esta semana terminó con dos noticias trágicas: el asesinato de un estudiante en Tuluá y la quema del Palacio de Justicia de la ciudad, y el asesinato de dos personas a manos de un funcionario del CTI que luego fue linchado y también asesinado en una Cali que luce entregada a la ley de la selva. Estos hechos dan testimonio terrible de un país desbocado y cada vez más inclinado a abrir la puerta del caos. Con los acuerdos todavía lejos, ¿cómo detener este paso avasallador de la violencia?
Hay que partir de un diagnóstico con varios componentes. Primero, los diálogos están dispersos. Por todo el país hay mesas y personas con buena voluntad e ideas construyendo propuestas y llegando a acuerdos puntuales, pero esos esfuerzos no se articulan entre sí ni tienen vocación de solucionar el paro. Segundo, el Gobierno enfrenta una crisis de legitimidad y liderazgo que obstaculiza sus diálogos con los manifestantes. Tercero, el Comité del Paro no representa a sectores importantes del mismo. Cuarto, prolongar en el tiempo los aspectos más disruptivos de la protesta tiene costos sociales altísimos: se detiene la producción, se pierden empleos y se dilapidan recursos públicos, todo lo cual aleja las oportunidades que se reclaman. Quinto, sin acuerdos claros e implementables, puede ocurrir lo que tantas otras veces ha pasado en Colombia: que se aborten las transformaciones sociales a causa de la violencia.
¿Qué hacer, entonces? En este punto y hora, se nos antoja que la respuesta tiene que surgir desde la sociedad civil. Ya que las estructuras institucionales y tradicionales de poder han mostrado su ineficiencia y han perdido credibilidad y confianza, todos los esfuerzos comunitarios deben comenzar a converger en una construcción colectiva y desde abajo. Hay varias y buenas propuestas sobre la mesa para hacerlo, pero es necesario pasar a la acción para no permitir que los justos reclamos del paro se diluyan; de lo contrario, Colombia está cerca de entrar en un camino de caos, paralización y violencia que a nadie conviene.
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