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Se cumplieron cinco años de la firma del primer Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Volver a visitar las imágenes de aquel día es encontrarse con la rimbombancia de un Gobierno que se dedicó a pavonear sus certezas antes que a persuadir a los colombianos. La “paz” era suficiente incentivo para acabar la guerra, se decía en aquel entonces, como si fuese el sentido común. Pero en vísperas de un plebiscito innecesario, hervía en Colombia un descontento que terminaría siendo nefasto. Farc y Gobierno tendrían que reencontrarse unos meses después, en el teatro Colón, para firmar una nueva versión del Acuerdo que medio país sintió arbitrario. Desde entonces, las promesas que se crearon en La Habana han enfrentado incontables obstáculos.
El plebiscito no solo dividió al país, sino que afectó directamente el aterrizaje del Acuerdo. Después de refrendarlo por el Congreso, la administración de Juan Manuel Santos, debilitada por la derrota en las urnas, tuvo serios problemas para que se aprobaran las normas necesarias para cumplir lo pactado. Al final se logró, en medio de un atropellado fast track, pero los partidos políticos hicieron de las suyas para introducir modificaciones y crear disputas que se mantienen hasta hoy. La circunscripción especial para las víctimas, que revivió apenas este año, fue uno de los saboteos de aquellos días. Después, con la llegada del presidente Iván Duque al poder, las objeciones a la ley estatutaria de la justicia transicional se convirtieron en una riña que marcó su primer año de gobierno y siguió agrandando la división nacional frente a la paz posible.
Al analizar los resultados del Acuerdo, son necesarias tres aproximaciones. La primera es práctica: sí, logramos que la guerrilla más antigua del continente desapareciera, logramos que pueblos cercados por la violencia sintieran un alivio, que fue real y pronto, y una esperanza; logramos que el debate político colombiano dejara de estar marcado por la amenaza de las armas y logramos también que el sistema de justicia transicional nos ayudara a entender mejor lo que ocurrió en los años de la guerra. Pero con el pasar de los días, más de 200 excombatientes han sido asesinados, a la par de cerca de mil líderes sociales. Las disidencias de las Farc se han fortalecido y causan estragos. Las rutas del narcotráfico siguen intocables y el Estado no ha sido capaz de ejercer control sobre el territorio. Con todo lo cual la violencia ha vuelto a arreciar en el país.
La segunda es de política pública: los gobiernos le han fallado al Acuerdo. Primero la administración de Juan Manuel Santos, que abandonó la urgencia una vez firmado el Acuerdo y ejecutó muy poco de sus promesas, y después la de Iván Duque, que siempre se ha aproximado a lo pactado con ambivalencia, a pesar de que repite que es quien más ha hecho por la paz. Los indicadores son claros: estamos muy lejos de implementar los aspectos esenciales de lo acordado en La Habana.
La tercera aproximación es política. El país sigue dividido entre el Sí y el No. El debate público se ha degenerado al punto de que la mentira, la desinformación y la estigmatización a los oponentes es ley. No hay propuestas claras de unión ni de reconstrucción. El país soñado, el de pasar la página, sigue estando lejos.
Pese a todo esto, la respuesta es, tiene que ser, seguir apostándole a la paz. Por los excombatientes que han cumplido a pesar de los incumplimientos, por los pueblos que han celebrado la libertad de la violencia, por las víctimas que han estado en el centro de los relatos recientes de país. Cinco años después tenemos mucho trabajo por hacer. No podemos desfallecer.
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