El derecho fundamental a la libertad de expresión exige responsabilidad. Se trata, por supuesto, de un componente esencial de cualquier democracia liberal, pues es un derecho que funda a los otros derechos, que necesita una amplia protección, incluso para los discursos incómodos, porque su ejercicio a menudo perturba a los poderosos. Por eso mismo, es necesario comprender los límites que todos los que participamos en el debate público debemos respetar. En ese marco son muy lamentables y agresivas las declaraciones de Julio César González Quiceno, caricaturista conocido como Matador, en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Se trata de un caso que permite ilustrar por qué cierto tipo de manifestaciones en redes sociales no son una crítica válida sino una agresión que produce efectos reales.
Una y otra vez, Matador ha dicho que su intención con la publicación era llamar la atención sobre las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Eso, por supuesto, es un discurso protegido por la Constitución. Lo que no se compadece con él son las expresiones que utiliza el caricaturista para referirse a Pineda. No solo la tilda de “ratita” sin aportar prueba alguna que de a pensar que tiene motivos para inferir un robo de recursos —lo cual podría configurarse como una calumnia —, sino que además hace comentarios despectivos sobre su apariencia física que no reproduciremos en estas páginas. Al hacerlo, González Quiceno trae el eco de todas las agresiones y estigmatizaciones contra las mujeres, degrada el debate público y deja en el aire la idea de que esa es una manera aceptable de referirse a un contrincante político. Nos unimos a la ola de rechazos que causó la publicación. Tal vez la defensora del Pueblo, Iris Marín, lo dijo con mayor precisión cuando escribió en su cuenta de X que Matador “se ha convertido en la caricatura del hombre machista”.
En respuesta a las críticas que recibió, incluyendo de otros caricaturistas, Matador escribió que “no la cuestiono por ser mujer, sino por los millones que recibió su fundación mientras mi ciudad sigue sufriendo”. De nuevo: si de eso se tratara esta conversación, sería un discurso protegido. Pero ¿qué utilidad tiene referirse despectivamente a los rasgos físicos de la primera dama para hacer su reclamo? ¿Qué aporte le hace al debate público endilgar delitos sin aportar evidencias? No basta simplemente con hacer preguntas. La responsabilidad que exige la libertad de expresión no está siendo cumplida.
La Fiscalía anunció ayer que abrió investigación contra González Quiceno por el delito de injuria agravada. En su comunicado, la entidad investigadora explicó que el proceso “se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer”. Es importante que, al hacerlo, también se comprenda que en nuestro país no existen los delitos de opinión y que la jurisprudencia permite la retractación como mecanismo para evitar una actuación penal invasiva frente a la libertad de expresión. Haría bien la Fiscalía si aprovecha este caso para hacer dos cosas al tiempo: demostrar que en nuestro país esos discursos agresivos no van a ser tolerados y que nuestro sistema otorga garantías a la libertad de expresión en cuanto González Quiceno reconozca su error.
No todo se vale en el debate público. El mensaje, por cierto, no es solo para los críticos del Gobierno. Hemos documentado cómo cuentas de influenciadores que se denominan abelardistas lanzan múltiples improperios contra la oposición, en particular congresistas y periodistas mujeres. Es tiempo de un pacto de responsabilidad. ¿Será posible?
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