La Fiscalía está quedando expuesta a la vergüenza con su mediocre manejo de los casos de corrupción ligados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). A la reciente liberación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por vencimiento de términos, se suma a la del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también por vencimiento de términos. Aunque los procesos continúan, esta situación deja en el imaginario colectivo la idea de que no se tiene un sólido caso judicial en contra de personas que ocuparon altos cargos del Estado. Además, abre la puerta a los distintos ataques contra la legitimidad que ya está recibiendo toda la rama judicial por culpa de las torpezas del ente acusador y el manejo que les ha dado a estos casos. Si en efecto no hay capacidad de llevar a buen término las investigaciones, ¿por qué se encarceló durante tanto tiempo a dos personas que han comparecido a todos los llamados de la justicia? ¿No se supone que estamos ante casos con suficientes pruebas?
El juez de control de garantías que estudió el caso de Ortiz fue contundente en su decisión. Como desde la radicación del escrito de acusación contra ella pasaron “329 días, término que evidentemente está por encima de los 240 días que establece (la ley)”, entonces “el término está ampliamente superado conforme a las observaciones efectuadas por este operador judicial. En consecuencia, el Juzgado 35 accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y, en consecuencia, ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova; como consecuencia, se dispone librar la correspondiente boleta de libertad”. Lo que nos lleva a una pregunta necesaria: ¿por qué la demora en realizar el juicio oral? ¿Cómo un proceso tan importante, que en un momento estuvo cerca de tener un principio de oportunidad, se le salió de las manos a la Fiscalía?
En respuesta a El Espectador, el ente investigador acusó a la defensa de llevar a cabo “maniobras dilatorias”. Claro, porque la Fiscalía no está a estas alturas ya acostumbrada a que las defensas intenten realizar ese tipo de actuaciones. ¿No podían evitarse? ¿Está de manos atadas el ente investigador ante las triquiñuelas judiciales? ¿Entonces todos los casos están condenados a tener términos vencidos?
Algo similar ocurrió en el caso de Ricardo Bonilla. Bajo medida preventiva desde diciembre, la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, dijo que no se presentó a tiempo el escrito de acusación. Desde entonces, el exministro se encuentra en libertad. Tanto su proceso como el de Ortiz siguen en curso.
No se trata, por supuesto, de negar la presunción de inocencia de los involucrados. La crítica es directamente a una Fiscalía que ha sido rimbombante con sus imputaciones y acusaciones, pero se ha quedado corta en procesos clave para entender qué ocurrió en la Ungrd. Más allá de los procesos que ya se han terminado con los involucrados más directos, no sabemos si en efecto hubo tentáculos más allá o, como ha planteado la Casa de Nariño, solo fueron unas cuantas “manzanas podridas”. Esa es la pregunta esencial que el ente investigador debe poder responderles a los colombianos, pero entre vencimientos de términos y torpezas nos quedamos en la oscuridad.
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