Ante la Corte Constitucional fueron varias las críticas que se le hicieron a la Ley de Amnistía aprobada por vía del fast track. Tal vez la más importante y elocuente vino del representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, quien hace un mes ya había advertido que la ley “quedó mal hecha”. En esta ocasión, Howland explicó que “la justicia restaurativa implica un cambio en razón de relaciones entre víctima y victimario, implica procesos de participación, esfuerzos de reconocimiento en los victimarios y trabajos en favor de la reparación de víctimas” y, asegura, lo único que hace la ley aprobada es crear “beneficios a personas sentenciadas o a personas protegidas como miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, sin hacer reconocimiento, sin hacer aportes de la verdad, sin hacer reparaciones de labores sociales”.
Estamos de acuerdo. Si bien entendemos la necesidad de promulgar una amnistía amplia que aplique para todos los miembros rasos de las partes del conflicto, ésta no puede presentarse sin exigir algo a cambio. La realización de audiencias para contar la verdad, acompañada de procesos de reparación simbólica o de algún aporte a la sociedad por parte de los miles de exguerrilleros que se acogerán a la medida, pueden contribuir al proceso de reconciliación nacional y a la construcción de los necesarios relatos sobre lo que ocurrió. La Corte Constitucional debería aprovechar la oportunidad que tiene para que la Ley de Amnistía en efecto se acerque mucho más a la idea de justicia restaurativa que ha prometido la administración de Juan Manuel Santos desde el principio.
Sobre esa misma idea se basa la principal crítica a la ley estatutaria presentada para reglamentar la JEP. Si, como se ha dicho en varias ocasiones, estamos empleando un sistema de justicia transicional construido sobre la verdad y de cara a las víctimas, es extraña la propuesta del Gobierno de permitir rebaja de penas para quienes no reconozcan su responsabilidad al iniciar sus procesos en la JEP. Lo anterior, que es una modificación de lo pactado en Cuba, en la práctica significa que, incluso si alguien no cuenta toda la verdad al someterse a la JEP (pero luego decide hacerlo), después de entre dos y medio y cuatro años podrá salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena con penas alternativas. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dice que esto es un “estímulo” para que haya más verdad. Dudamos. Nos parece en cambio una concesión innecesaria y cómplice con los que prefieren esperar a ver si la justicia es capaz de probarles sus delitos. El único incentivo que debería existir para contar la verdad, y que es como se pactó en un principio, es que ese es el prerrequisito para poder entrar a la JEP, con la sanción de ocho años de prisión para los máximos responsables. No se puede construir un sistema sobre la promesa de la verdad si se permiten dilaciones y se crean estímulos para que los responsables se tomen su tiempo en aceptar sus crímenes.
Como se había predicho, el corazón de la justicia transicional se encuentra en los detalles de esta reglamentación. No es el momento de que los partidarios de la paz abran espacios de impunidad, o de atenuación de penas, que no cumplen el propósito final de todo este proceso: reparar a las víctimas para que puedan, por fin, pasar la página.
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