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El Gobierno Nacional está en todo su derecho de pedirle al Senado de la República que considere una nueva consulta popular. Es extraño, eso sí, que se entremezclen preguntas enfocadas a la reforma laboral con otras de la reforma a la salud. ¿Significa, entonces, que ambas reformas no pasarán en el Congreso? ¿O que, como la laboral parece tener una segunda oportunidad ahora, el Gobierno necesita otro tema para movilizar a su gente de cara a las elecciones? O si el Senado vuelve a negar la consulta, ¿insistir en el relato del fraude “contra el pueblo”? El presidente Gustavo Petro se está jugando su legado sin tener muy claro cómo pretende ejecutar sus promesas de campaña y, más bien, está enfocado en la nueva para 2026.
La presentación de una nueva consulta popular estaba anunciada. Aunque inicialmente el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Petro promovieron la idea de una irregularidad en los procedimientos del Senado, pronto fue evidente que no hubo tal cosa. Sí pasó, como discutimos el domingo pasado, que el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, se mostró como el opositor más presto a hundir el proyecto del Gobierno. Se aprovechó de la falta de disciplina de los congresistas para hacer una votación exprés, en la cual la Casa de Nariño se quedó corta para alcanzar una mayoría. Por eso es apenas natural que lo vuelvan a intentar. Quedó la sensación en Palacio –creemos que acertada, por cierto– sobre cómo podían conseguir mayorías y les hizo falta tiempo.
Entonces, el Senado no le debe temer a la discusión. Nos vemos obligados a insistir en lo mismo: que los congresistas entiendan su responsabilidad histórica de dar un debate transparente. La mesa directiva de la corporación debe también mostrar que es capaz de llevar a cabo el debate y la votación sin injerencias inadecuadas. Abrir la votación con todas las garantías y el tiempo necesario, y que los congresistas no puedan sacar excusas curiosas, como que estaban en el baño justo cuando debían manifestarse. Dada la popularidad que muestra la consulta, los colombianos merecen conocer cómo sus representantes votaron en el debate. Más aún con miras a las elecciones del año entrante.
Dicho lo anterior, el Gobierno acaba de complejizar una consulta que de por sí era confusa y poco eficiente en su redacción. Las cuatro preguntas adicionales y sobre otros temas preguntan, como las primeras, aspectos muy amplios. Si la reforma laboral era delicada para tramitarse mediante ese tipo de preguntas, la reforma a la salud, con su infinidad de detalles, es aún más enrevesada. La Casa de Nariño se rindió en la construcción de consensos alrededor de sus propuestas y quiere que la democracia directa supla sus propias falencias. Eso puede salir muy mal.
Queda, adicionalmente, la pregunta sobre las reformas en trámite en el Congreso. La reforma laboral del Gobierno resucitó y la de salud sigue con vida. Quizá la Casa de Nariño está usando la consulta como método de negociación, pero si no la acompaña de concesiones para buscar un apoyo amplio en la Rama Legislativa todo el experimento puede llevar al fracaso, lo que significaría que Colombia tendrá un último año y medio de gobierno en medio de la hostilidad, los señalamientos y una campaña política con fuertes tensiones. Lo cual, nos tememos, es al final el propósito velado.
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