Nueva terna

Wilson Ruiz, María Mercedes López y Ovidio Claros, todos magistrados de esta institución, dijeron que lo mejor era que se “separara del cargo”. No es para menos. Está más que bien que un personaje tan cuestionado como él deje su trabajo para que la justicia pueda obrar en un caso que, recordemos, no es de poca monta: Noticias Uno reveló hace una semana una grabación en la que supuestamente se oye a Villarraga hablando con el coronel Róbinson González para ver cómo iban en el negocio de pasar a éste de la justicia civil a la militar por un caso de dos campesinos asesinados y disfrazados de guerrilleros en 2007.

De ser esto verdad, estaríamos frente a una cachetada al Estado social de derecho en el que vivimos, donde un elemento tan fundamental como la justicia es vendido (u ofrecido) al mejor postor como si se tratara de un bulto de arroz y no de un derecho.

En fin. La cosa es que Villarraga renunció de manera irrevocable en una grandilocuente carta: “Con esta hidalga decisión pretendo evitar que desde los diferentes sectores de opinión, detractores del Consejo Superior de la Judicatura, se siga atacando la imagen de tan noble institución”. El día de hoy el Congreso debe decidir al respecto. Asumimos desde ya que el Legislativo obrará de la manera correcta y aceptará la renuncia. ¿O qué? ¿Le sumamos más entuertos a este caso que enloda el nombre de la justicia y la pone en el ojo del huracán? Esperamos que no.

Sin Villarraga queda una silla vacía que debe ser llenada por alguien elegido de entre una terna que envíe el presidente de la República. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia es clara en decir quién reemplaza, provisionalmente, al magistrado saliente. Sin embargo, mucha discrecionalidad y mucho tiempo tendrá el presidente Santos para definirse. Ojalá lo haga bien.

Ahí lo vimos en los medios diciendo que su fallida reforma a la justicia planteaba la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. “Sí, hay que hacer una reforma a la justicia”, dijo. Sí, presidente, es más que necesario hacer un cambio estructural, no tan politizado como los tuvimos la vez pasada, pero, por ahora, podría usted dedicarse a algo mucho más expedito. A atender lo que ahora es urgente. Y a atenderlo con la altura que la respuesta a este bochornoso episodio merece.

Circula en internet una petición de ciudadanos firmantes en la que se aboga por una terna decente. Este es el mejor camino que podría emprender el presidente Santos en estos momentos, ya que una reforma, que es lo que planteó en sus declaraciones, podría demorarse mucho. Hacer a un lado las peticiones que desde las altas cortes se perfilan ya y escoger a tres profesionales íntegros que tengan las cualidades de un magistrado, de un juez (como la carrera judicial, como la trayectoria en la academia), mucho más allá de los amplios requisitos que la Constitución prescribe y a los que Villarraga se acomodaba perfectamente.

Es hora, pues, de revaluar al menos este aspecto. Todo sea por renovar —al menos en una mínima parte— esa deslegitimada rama del poder público.

Wilson Ruiz, María Mercedes López y Ovidio Claros, todos magistrados de esta institución, dijeron que lo mejor era que se “separara del cargo”. No es para menos. Está más que bien que un personaje tan cuestionado como él deje su trabajo para que la justicia pueda obrar en un caso que, recordemos, no es de poca monta: Noticias Uno reveló hace una semana una grabación en la que supuestamente se oye a Villarraga hablando con el coronel Róbinson González para ver cómo iban en el negocio de pasar a éste de la justicia civil a la militar por un caso de dos campesinos asesinados y disfrazados de guerrilleros en 2007.

De ser esto verdad, estaríamos frente a una cachetada al Estado social de derecho en el que vivimos, donde un elemento tan fundamental como la justicia es vendido (u ofrecido) al mejor postor como si se tratara de un bulto de arroz y no de un derecho.

En fin. La cosa es que Villarraga renunció de manera irrevocable en una grandilocuente carta: “Con esta hidalga decisión pretendo evitar que desde los diferentes sectores de opinión, detractores del Consejo Superior de la Judicatura, se siga atacando la imagen de tan noble institución”. El día de hoy el Congreso debe decidir al respecto. Asumimos desde ya que el Legislativo obrará de la manera correcta y aceptará la renuncia. ¿O qué? ¿Le sumamos más entuertos a este caso que enloda el nombre de la justicia y la pone en el ojo del huracán? Esperamos que no.

Sin Villarraga queda una silla vacía que debe ser llenada por alguien elegido de entre una terna que envíe el presidente de la República. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia es clara en decir quién reemplaza, provisionalmente, al magistrado saliente. Sin embargo, mucha discrecionalidad y mucho tiempo tendrá el presidente Santos para definirse. Ojalá lo haga bien.

Ahí lo vimos en los medios diciendo que su fallida reforma a la justicia planteaba la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. “Sí, hay que hacer una reforma a la justicia”, dijo. Sí, presidente, es más que necesario hacer un cambio estructural, no tan politizado como los tuvimos la vez pasada, pero, por ahora, podría usted dedicarse a algo mucho más expedito. A atender lo que ahora es urgente. Y a atenderlo con la altura que la respuesta a este bochornoso episodio merece.

Circula en internet una petición de ciudadanos firmantes en la que se aboga por una terna decente. Este es el mejor camino que podría emprender el presidente Santos en estos momentos, ya que una reforma, que es lo que planteó en sus declaraciones, podría demorarse mucho. Hacer a un lado las peticiones que desde las altas cortes se perfilan ya y escoger a tres profesionales íntegros que tengan las cualidades de un magistrado, de un juez (como la carrera judicial, como la trayectoria en la academia), mucho más allá de los amplios requisitos que la Constitución prescribe y a los que Villarraga se acomodaba perfectamente.

Es hora, pues, de revaluar al menos este aspecto. Todo sea por renovar —al menos en una mínima parte— esa deslegitimada rama del poder público.