Tenía 16 años. Diego Felipe Becerra Lizarazo tenía tan solo 16 años cuando miembros de la Policía Nacional decidieron terminar con su vida y destrozar su buen nombre para encubrir el delito que habían cometido. Todo, simplemente porque se trataba de un grafitero en un país repleto de prejuicios y donde, en muchas ocasiones, los uniformados creen que tienen la potestad de incumplir sus promesas constitucionales y hacer lo que se les antoje. Tuvieron que pasar 12 años para que el Estado colombiano —representado por el presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía Nacional, general William Salamanca— ofreciera disculpas por lo ocurrido. Se trata de un triunfo de la familia de Becerra, que nunca se rindió a pesar de tener todo el aparato institucional en su contra.
Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe, le dijo a El Espectador: “Este es el día más importante de los 12 años que llevamos de lucha”. Se refería al acto de reconocimiento de responsabilidad, que el Estado colombiano asumió en medio de un acuerdo amistoso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un discurso honrando a su hijo, Lizarazo puso el dedo sobre la llaga de la esencia de este caso: “A la institución no le bastó con haberle segado la vida a un niño, sino que, sin pensarlo, decidió mancillar su dignidad y su honra”. Aún hoy cuesta creerlo: ¿a quién se le ocurre un actuar tan ruin de personas llamadas a proteger a los ciudadanos? Los uniformados traicionaron al país, traicionaron la Constitución y creyeron que podían utilizar el poder de la Policía Nacional para quedar en la impunidad. Pero gracias a los reclamos constantes de la familia Becerra Lizarazo, el país se enteró poco a poco de lo ocurrido y la Fiscalía procesó a los responsables, aunque con demoras injustificadas.
Iván Velásquez, ministro de Defensa, dijo: “Quiero, en este acto, pedirle perdón a la familia de Diego Felipe Becerra y al conjunto de la sociedad, porque estos hechos y violaciones a los derechos humanos y al derecho fundamental a la vida no solo mancillan el nombre de la Policía Nacional, sino la política de seguridad”. Por su parte, el presidente Petro fue más allá: “Lo que mató a Diego Felipe Becerra es un criminal con poder, los que mataron a la Unión Patriótica, un poco más arriba de la pirámide del poder, son criminales con poder. Entre más asciende a la cúspide, más genocidio produce y Colombia es el escenario de ese tipo de procesos. Si esto lo reconocemos, entonces podríamos pensar cómo no se repite”. El mandatario también pidió al general Salamanca que en la Policía se enseñe la Carta Interamericana de Derechos Humanos. La alcaldesa distrital, Claudia López, se unió a los mensajes con una petición: “Que el arte urbano en Bogotá, en particular en el puente de la calle 116 donde fue asesinado Diego Felipe, nos permita recordar y honrar su memoria y renovar en los colores de su arte la grandeza de su vida y la esperanza de construir juntos un país justo, civilizado y pacífico”.
Tiene gran poder simbólico que todas las ramas del poder público, en representación del Estado, se hayan juntado para ofrecer disculpas. Reconocer las tragedias y la responsabilidad ayuda a recuperar la democracia, con ello empieza el largo camino de sanar el contrato social roto entre las autoridades y los ciudadanos. La lucha contra la estigmatización y los abusos de poder debe ser activa, constante, vehemente y con acciones concretas. Así honramos la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo.
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