Obras son amores...

En especial, cuando en los próximos 10 años se espera un aumento de un millón de habitantes en el casco urbano y de 1,6 millones en la sabana. Tampoco se le niega que la valorización sea un instrumento adecuado para apoyar la financiación de obras de interés público que debe ejecutar el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Tiene sentido que, en cierto tipo de gasto, quienes más se beneficien sean quienes más aporten. Y tampoco se le niega, finalmente, que haya que seguir contribuyendo. Tributar, en últimas, es una apuesta a la ciudad por parte de la ciudadanía. El progreso no llega sin esfuerzo.

Sin embargo, aunque el Alcalde se precie de los 3,6 billones de pesos que ha invertido su administración en los dos últimos años, no hay crédito sin resultados. No es un logro decir que la administración mantenga en la actualidad cerca de 229 frentes de obra. Esto sólo significa que el agobiante tráfico de la ciudad se encuentra aún más entorpecido. Entregar las obras es el reto. Y no de cualquier manera, sino en los tiempos previstos, con el presupuesto previsto y con los diseños previstos. Todavía están en proceso las troncales de la fase III de Transmilenio en la carrera 10ª y la calle 25, las obras en seis distritos de conservación, las 40 obras locales que ejecuta de manera directa la Unidad de Mantenimiento Vial y las 36 obras de valorización. Estas últimas, además, revivieron en la opinión pública la inconformidad con las demoras.

Ahora el Alcalde decidió pasar al Concejo la aprobación de la Fase II del proyecto de valorización, a pesar de que las obras de la Fase I siguen pendientes. La ciudadanía se debe preparar para contribuir con $619 mil millones para la segunda fase a cambio de la promesa de que las obras de la primera no seguirán enredadas. El malestar que ha provocado la iniciativa obedece principalmente a la lenta contratación y ejecución de las obras, a los todavía no corregidos errores en el primer cobro y a los malos mecanismos de financiación, en donde el interés de las cuotas que ofrece el IDU llega a ser el doble del interés que ofrecería el sector financiero por un préstamo de igual monto.

El Alcalde considera importante enfatizar que en la Fase II de la valorización los cobros no se comenzarán a realizar antes de la ejecución de las obras, sino una vez comience el proceso. De esta manera, los ciudadanos pueden ver el producto directo de su inversión. La causalidad de la iniciativa, por supuesto, no es clara. ¿Cómo pueden llegar las fechas de pago a aumentar la transparencia, mejorar la financiación, disminuir las fallas en los diseños, evitar los sobrecostos y acelerar la construcción? El deterioro de la ciudad no es despreciable. Ya es hora de que la administración comience a mostrar logros concretos. 

Y ni hablar de la transparencia. El escándalo del cartel de la construcción, orquestado, según las denuncias de algunos concejales, por el propio Alcalde, hace evidente la necesidad de tomar medidas serias. Más allá de que sean los entes de control quienes deban dar claridad sobre la existencia o no de dicho cartel, son vitales mejores reglamentaciones y controles. Es importante que la Personaría distrital haga su trabajo de veeduría y que las licitaciones se les otorguen a empresas competentes. Aun cuando este último punto requiere de una reestructuración nacional en los mecanismos de contratación —pues no tiene sentido que en Colombia quien diseña sea quien construya— hay reformas menores que pueden implementarse. Los bogotanos tienen el derecho a ver su dinero en las obras.