Oídos sordos ante el clamor en Nariño

En un foro organizado por Colombia2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea y con el apoyo de PNUD, Acnur y Fescol, Montaño fue contundente. “Hay familias que no le apostaron a la sustitución porque el gobierno ha sido mentiroso —dijo—. Hemos propuesto que antes de la erradicación forzosa y las fumigaciones que han anunciado, esas personas tienen que convencerse de que esto funciona. Hay familias que quieren vincularse, pero el gobierno decidió que es mejor volver al 2007 cuando fumigaban con glifosato”. También cuenta cómo hace diez años tenía cultivos de plátano y cacao que se echaron a perder con las fumigaciones.

El futuro de Colombia pasa por Nariño. El departamento sigue siendo el epicentro de la lucha contra las droga. Actualmente, según cifras de la Gobernación, tiene 14 actores armados distintos, junto con carteles mexicanos, que se están disputando el dominio del mercado de la coca y, en el proceso, tienen amordazadas a poblaciones enteras. Similar a lo que ocurre en el Catatumbo, el posconflicto no ha podido llegar allá.

Por eso es tan importante que el Gobierno tome en serio voces como la de Montaño. Ante la violencia y el abandono, ante las presiones para cultivar hoja de coca, la respuesta del Estado debe ser, además de su contundente presencia, llenar de oportunidades la región. Especialmente, debe cumplir su palabra, empeñada en los acuerdos de paz y clave para mostrarle a los nariñenses que sí hay otras formas de subsistir.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, viene pidiendo también que el actuar del Estado no sea simplemente represor. Su última discusión con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a propósito de la propuesta de éste de cortar el servicio de energía en los lugares donde haya laboratorios de coca, demuestra la desconexión que hay entre Bogotá y la región. Mientras acá el debate se ha centrado alrededor de la mano fuerte y las fumigaciones, allá insisten en que es necesaria la erradicación manual.

Mientras esos debates se dan, pasa el tiempo y los narcotraficantes siguen aferrándose al poder territorial. El país ya conoce con suficiente ilustración cómo los tentáculos de carteles consolidados pueden extenderse por todo el país causando estragos. En medio de la oportunidad histórica abierta por la desmovilización de las Farc, el Gobierno no puede permitir que esto siga ocurriendo.

Entendemos que no es una situación difícil. Pero lo que debería ser innegociable en cualquier estrategia de lucha contra las drogas es cumplirle a los cultivadores, el eslabón más debil en toda la cadena. Alejarlos de la hoja de coca es dar un golpe certero a los carteles. Además, sería un triunfo en pos de la justicia social. Esperamos que el presidente no haga oídos sordos a las voces que claman ayuda desde Nariño.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

En un foro organizado por Colombia2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea y con el apoyo de PNUD, Acnur y Fescol, Montaño fue contundente. “Hay familias que no le apostaron a la sustitución porque el gobierno ha sido mentiroso —dijo—. Hemos propuesto que antes de la erradicación forzosa y las fumigaciones que han anunciado, esas personas tienen que convencerse de que esto funciona. Hay familias que quieren vincularse, pero el gobierno decidió que es mejor volver al 2007 cuando fumigaban con glifosato”. También cuenta cómo hace diez años tenía cultivos de plátano y cacao que se echaron a perder con las fumigaciones.

El futuro de Colombia pasa por Nariño. El departamento sigue siendo el epicentro de la lucha contra las droga. Actualmente, según cifras de la Gobernación, tiene 14 actores armados distintos, junto con carteles mexicanos, que se están disputando el dominio del mercado de la coca y, en el proceso, tienen amordazadas a poblaciones enteras. Similar a lo que ocurre en el Catatumbo, el posconflicto no ha podido llegar allá.

Por eso es tan importante que el Gobierno tome en serio voces como la de Montaño. Ante la violencia y el abandono, ante las presiones para cultivar hoja de coca, la respuesta del Estado debe ser, además de su contundente presencia, llenar de oportunidades la región. Especialmente, debe cumplir su palabra, empeñada en los acuerdos de paz y clave para mostrarle a los nariñenses que sí hay otras formas de subsistir.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, viene pidiendo también que el actuar del Estado no sea simplemente represor. Su última discusión con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a propósito de la propuesta de éste de cortar el servicio de energía en los lugares donde haya laboratorios de coca, demuestra la desconexión que hay entre Bogotá y la región. Mientras acá el debate se ha centrado alrededor de la mano fuerte y las fumigaciones, allá insisten en que es necesaria la erradicación manual.

Mientras esos debates se dan, pasa el tiempo y los narcotraficantes siguen aferrándose al poder territorial. El país ya conoce con suficiente ilustración cómo los tentáculos de carteles consolidados pueden extenderse por todo el país causando estragos. En medio de la oportunidad histórica abierta por la desmovilización de las Farc, el Gobierno no puede permitir que esto siga ocurriendo.

Entendemos que no es una situación difícil. Pero lo que debería ser innegociable en cualquier estrategia de lucha contra las drogas es cumplirle a los cultivadores, el eslabón más debil en toda la cadena. Alejarlos de la hoja de coca es dar un golpe certero a los carteles. Además, sería un triunfo en pos de la justicia social. Esperamos que el presidente no haga oídos sordos a las voces que claman ayuda desde Nariño.

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